Aún seguían los disparos en algunas regiones del país y recién se había promulgado la Constitución mexicana de 1917, cuando apareció un nuevo y doloroso fenómeno: la llamada influenza española, que era señalada por el diario ABC como una “guerra a las cochinadas”.

A inicios del siglo XIX, la lucha contra los insurgentes llevó a las autoridades virreinales a permitir la libre producción del vino mezcal para obtener ingresos. Consumada la independencia, fue prohibido nuevamente para apaciguar a la población y propiciar el orden público.

El consumo de bebidas alcohólicas se asociaba a las actividades que primero fueron condenadas, pero después aceptadas bajo la vigilancia de las autoridades, como los juegos de azar.

Para 1773, en Puebla se registró la existencia de catorce fábricas de mezcal.

Con las reformas borbónicas del siglo XVIII, la Corona emprendió cambios administrativos buscando aumentar sus ingresos. Por ello, algunos españoles interesados en la producción legal sostenían que la erradicación de las bebidas alcohólicas era imposible y que resultaba más conveniente para el rey y sus funcionarios legalizar su producción y consumo.

El virrey marqués de Casafuerte fue uno de los opositores más férreos a la producción de bebidas alcohólicas. Durante su mandato, se enfrentó con los frailes jesuitas que elaboraban destilados en sus recintos.