Con las reformas borbónicas del siglo XVIII, la Corona emprendió cambios administrativos buscando aumentar sus ingresos. Por ello, algunos españoles interesados en la producción legal sostenían que la erradicación de las bebidas alcohólicas era imposible y que resultaba más conveniente para el rey y sus funcionarios legalizar su producción y consumo.

De esta forma, en 1796, la Hacienda Real permitió la libre fabricación del chinguirito (aguardiente de caña) en todo el territorio, aunque ya era legal en Yucatán, Guatemala, Cartagena de Indias y Cuba.

La recurrencia de documentos oficiales prohibiendo las diversas bebidas demuestra que el control –ya no decir la erradicación– fue imposible, ya que estas órdenes no se acataban. Quizá por ello sostenían que la población indígena tenía una propensión “natural” por el alcohol y la embriaguez, así que se propusieron permitir, en pocas zonas del virreinato, solo las bebidas que no fueran dañinas para la salud, como el pulque, las importadas, vino de coco, vino mezcal y aguardiente de caña. Para finales del siglo XVIII, el vino mezcal producido en Nueva Galicia ya se exportaba a Sinaloa, Sonora, las Californias, Centroamérica, Sudamérica y Filipinas.

Son los años del primer boom de los destilados de maguey en la región de Amatitán-Tequila. Y fue tal el aumento de la producción, que en 1771 se informó que el ingreso de los estancos de vino de coco –aunque su producción ya estaba casi extinta– y de mezcal sería destinado a las obras de construcción del Real Palacio de Guadalajara. De manera similar, en 1781 se informó que lo recaudado en San Blas por el vino mezcal, vino y aguardiente, se destinaría a los gastos del Batallón de Milicias de Infantería del puerto.

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