El virrey marqués de Casafuerte fue uno de los opositores más férreos a la producción de bebidas alcohólicas. Durante su mandato, se enfrentó con los frailes jesuitas que elaboraban destilados en sus recintos.

En la década de 1740, los frailes jesuitas distribuidos en Sinaloa, Sonora y las Californias, habían desarrollado una afición por el mezcal que ellos mismos destilaban –aunque estuviese prohibido– para usarlo como medicina, pues mejoraba el funcionamiento del estómago, estimulaba el apetito y la digestión. Al principio argumentaron que al no venderlo ni darlo a los seculares no incurrían en falta alguna; pero, una vez una vez que fue legalizado, terminaron comerciándolo en zonas cercanas a sus misiones. En esta inhóspita región el consumo de vino mezcal y de otras bebidas alcohólicas con fines terapéuticos la explicaban por la ausencia de vino de Castilla y la carencia de agua salubre.

Para la segunda mitad del siglo XVIII se permitió la producción en Sonora; incluso, se integró en las raciones de alimento de la población indígena. A la postre, esta práctica se convirtió en una medida de control social con el abastecimiento de alcohol y la dependencia hacia los españoles por medio del alcoholismo.

Uno de los problemas para regular la producción del vino mezcal era la poca claridad y homogeneidad de acciones entre los niveles centrales y regionales de la administración novohispana; otro, el consumo descontrolado de alcohol –como en la Antequera y Cuernavaca–, que llevó a las autoridades reales a emitir reiteradamente bandos, cédulas reales y otros documentos contra la embriaguez, con el propósito de extinguir las “bebidas prohibidas”.

El consumo de estas bebidas estaba asociado además a las actividades que primero fueron condenadas, pero después aceptadas bajo la vigilancia y fiscalización de las autoridades, como los juegos de azar; entre ellos, naipes, peleas de gallos, lotería, pelota y dados. Y es que las autoridades eran conscientes de que no podían prohibir el consumo de alcohol, por lo que se limitaron a controlar su abuso, con el argumento de que ocasionaban daños a la salud de la población indígena, aunque había claros intereses económicos. Si por un lado a las autoridades civiles y religiosas les preocupaba que la embriaguez y el abuso de las bebidas estuviesen ligados a desórdenes sociales y morales, también debían vigilar que los ingresos económicos de su producción y consumo fuesen cuantiosos para las arcas del rey.

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