En 1948 se instauró el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) para gravar el consumo a través del ingreso que, por concepto de compraventa, recibían comerciantes e industriales, como sucede actualmente con el IVA.

Las distintas necesidades financieras y políticas del Estado posrevolucionario hicieron que la federación buscara centralizar el cobro de ciertos impuestos, en detrimento de la soberanía fiscal de los estados.

En la década de 1840, aparte de enfrentar la usurpación de tierras por algunos hacendados, campesinos e indígenas entraron en conflicto con el gobierno debido al aumento de los impuestos.

La capitación: este impuesto se cobraba por cabeza; gravaba a la persona por existir, independientemente de sus riquezas o desposesiones. Hasta la primera mitad del siglo XIX, los impuestos personales tenían dos vertientes: por un lado, la capitación, que heredaba el antiguo tributo a la monarquía y gravaba solamente a las personas integrantes de los “pueblos originarios”, es decir, por su pertenencia a una etnia; por otra parte, después de la Independencia, un impuesto gravaba a todo individuo mayor de dieciocho años con una cuota fija (igualitaria, aunque no equitativa). Así, los indígenas pagaban doble gravamen.

No se pierdan esta conferencia el día de hoy, 21 de enero de 2021, a partir de las 6:00 p. m. Imparte: Marcela Zapata Meza, titular del Proyecto Arqueológico Magdala, en Israel. Coordina y participa el Dr. Leonardo López Luján.

El diezmo eclesiástico era una contribución directa; gravaba la producción agropecuaria bruta y el lucro legítimamente adquirido. Sin embargo, no era fiscal, sino religiosa. De hecho, es una exacción antiquísima que se menciona en el Génesis bíblico: Abraham pagó diezmo a Melquisedec, “sacerdote de Dios Altísimo”. Por lo tanto, es un pago para el sostenimiento del clero. Que sea una contribución directa resulta únicamente de la necesidad de determinar una base para el cobro.

En el Antiguo Régimen del mundo occidental el contribuyente enfrentaba una triple fiscalidad en función de sus distintas personalidades: como cristiano, como vasallo y como vecino de una localidad. De ese modo atendía las exigencias en el mismo orden: el eclesiástico, con el pago del diezmo; el regio, compuesto de una diversidad de impuestos, monopolios y derechos, y el municipal, a partir del arbitrio de cada cabildo.

Durante la época colonial era común el uso de papel sellado para pagar derechos. Cada hoja tenía un sello que marcaba a cuánto ascendía el uso de papel oficial para cualquier transacción, y se tasaba en reales o cuartillas (moneda de un cuarto de real).

Cuando se planeó la reestructuración de la deuda externa mexicana en 1989, pareció factible realizar una reforma fiscal, pero esta no fue prioridad para el presidente Salinas de Gortari, quien en cambio trató de cubrir el déficit hacendario con la emisión de instrumentos de deuda interna y con los ingresos petroleros.

Entre los sesenta y setenta México era fiscalmente débil, aunque fuerte en lo político. En esos años, se consolidó la centralización en la recaudación de impuestos, pues los estados y municipios entregaron su soberanía fiscal a cambio de las llamadas participaciones, es decir, las transferencias fiscales del centro a los estados, negociadas políticamente.

Las alcabalas eran un impuesto al tráfico de mercancías dentro del país, lo que impedía el libre flujo comercial. Desde tiempos del Virreinato fueron cuestionadas por su carácter “regresivo”. Por lo onerosas que resultaban y el impacto en el aumento del costo de las mercancías, fueron ampliamente rechazadas por los comerciantes y la población, pero muy favorecidas por los gobiernos hasta el siglo XX, debido a los importantes ingresos que generaban.

Desde la Independencia, una constante ha sido el fracaso para establecer una política fiscal, progresiva y eficiente. Como consecuencia, el gobierno ha transitado de una gran debilidad federalista a un fuerte centralismo político, pero sin atacar la histórica fragilidad fiscal, que se expresa como insuficiencia presupuestal y gastos crecientes. La apuesta siempre ha sido por la fortaleza política del Estado, no de sus finanzas, y por lo tanto de sus servicios.