Desde el pueblo de Akumal, Quintana Roo, la estatua de Gonzalo Guerrero parece desafiar el tiempo, contando sin palabras su historia. Vestido, peinado y tatuado como maya –aunque aún barbado– sostiene en su mano izquierda una lanza, mientras apoya la derecha de manera cariñosa sobre el rostro de uno de sus hijos, quien lo abraza de una rodilla. Atrás, su esposa Za’asil-Há amamanta al niño más pequeño y su hija juguetea con su otrora casco de guerrero español. Se encuentra, además, en postura de alerta, presto a defender a su familia de cualquier ataque y, asimismo, a la parte del mundo a la que ahora pertenece.

La idea del intercambio de objetos entre españoles y americanos que quedó arraigada en el imaginario occidental suele dar la idea de que los españoles sacaron ventaja de la “ingenuidad” de los americanos nativos al recibir oro, joyas y bienes preciados a cambio de sus baratijas.

En un acto desesperado que puso a la soberanía de Yucatán como moneda de cambio, el gobernador Santiago Méndez fue el encargado de solicitar en marzo de 1848 el apoyo de Estados Unidos para acabar con la rebelión.

Mientras en Palacio Nacional ondeaba la bandera de Estados Unidos y el Congreso mexicano discutía qué hacer frente a la derrota militar sancionada el 14 de septiembre de 1847, la élite gobernante de Yucatán propuso ceder la soberanía de ese territorio a Estados Unidos –al igual que lo hizo con Inglaterra y España– si este país desembarcaba tropas y armas para terminar con la rebelión en la península.

A partir de 1847 se alzó la más extensa y prolongada rebelión popular contra la élite yucateca. Abarcó casi un siglo de enfrentamientos y los sublevados llegaron a tener el control de la mayoría del territorio de la península. Aunque no fue una campaña de exterminio ni un conflicto de indígenas contra blancos, ha sido malamente llamada Guerra de Castas. En realidad, luchaban por reducción de impuestos, propiedad de la tierra, contra la explotación de carácter esclavista y a favor de un gobierno autónomo.

El cacique maya Manuel Antonio Ay fue fusilado en 1847 por “ser uno de los cabecillas de la insurrección de la clase indígena contra las presentes instituciones”, según la sentencia firmada por Eulogio Rosado. Su muerte y la respuesta armada de los mayas desataron una serie de asesinatos, brutalidad y saqueo por parte de las fuerzas milicianas yucatecas.