El nacimiento de una nación no cambia por decreto los arraigados modos de pensar ni los prejuicios vigentes durante trescientos años. La Constitución de 1824 tampoco podía resolver problemas que aún no habían aparecido y que cobraron cuerpo cuando “la política” se convirtió en un nuevo quehacer del Estado naciente.

En la década de 1840, aparte de enfrentar la usurpación de tierras por algunos hacendados, campesinos e indígenas entraron en conflicto con el gobierno debido al aumento de los impuestos.

La capitación: este impuesto se cobraba por cabeza; gravaba a la persona por existir, independientemente de sus riquezas o desposesiones. Hasta la primera mitad del siglo XIX, los impuestos personales tenían dos vertientes: por un lado, la capitación, que heredaba el antiguo tributo a la monarquía y gravaba solamente a las personas integrantes de los “pueblos originarios”, es decir, por su pertenencia a una etnia; por otra parte, después de la Independencia, un impuesto gravaba a todo individuo mayor de dieciocho años con una cuota fija (igualitaria, aunque no equitativa). Así, los indígenas pagaban doble gravamen.