La crisis electoral, el derrocamiento del gobierno y el fusilamiento de Guerrero evidenciaron la debilidad de las instituciones del naciente México, así como la predominancia del uso de la vía armada para alcanzar el poder o mantenerse en él.

Guerrero acudió al ministro de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, en busca de recursos para continuar la guerra contra los que lo habían destituido, a cambio de “cumplirle la oferta que le hice de la venta de Texas luego que esté en posesión de la presidencia”.

El diputado Carlos María de Bustamante propuso que se declarase loco a Guerrero, lo cual no se aceptó. Los hechos de su gobierno probarían una mala administración, pero no incapacidad moral ni una locura. La idea era declararlo imposibilitado argumentando varias razones, así el 1 de febrero de 1830 el Congreso decretó que el general Guerrero “tenía imposibilidad para gobernar la República”. Traicionado y amenazado, el antiguo insurgente buscó refugio en su región natal.

El vicepresidente Anastasio Bustamante desconoció a Guerrero al unirse a los pronunciados bajo el Plan de Jalapa, en diciembre de 1829.

Ante la expedición de reconquista española de 1829, comandada por Isidro Barradas, Guerrero obtuvo facultades extraordinarias para enfrentarla. Sin embargo, la oposición lo acusó de hacer mal uso de ellas, pues “le abrieron el cajón” del dinero público sin cortapisas.

Algunos radicalizaron sus posturas, pues no estaban contentos con que hubiera llegado un “negro” a la presidencia, un representante de la “baja democracia”, ni que la “leperocracia” se hubiera entronizado en el gobierno, cosa que los autollamados “hombres de bien” no podían permitir. El diputado Carlos María de Bustamante comentó: “Esto solo basta para que conozcan mis lectores el estado de desorganización actual de la República. ¿Quién creería que unos negros despreciables del sur, que ni figura tienen de hombres, vendrían un día a imponer al gobierno de México y a formidar [intimidar] a esta ciudad?”.