Además del campesinado, el gobierno desprotegió a la clase obrera frente al ataque de los patrones. Incluso el propio gobierno se hizo cargo de la represión, como en los conocidos casos de Río Blanco y Cananea.

Si bien la autoridad y centralización del régimen a finales del siglo XIX era incuestionable por vía de los mecanismos ya mencionados, lo cierto es que esto no persuadió a las voces disidentes de expresarse, ya fuese en las páginas de las publicaciones periódicas, en el Congreso o mediante la formación de agrupaciones políticas en tiempos de reelección. Ante la inexistencia de un sistema de partidos, era común la organización de clubes estatales o nacionales que criticaron la reelección de Díaz, tales como el Club Liberal Ponciano Arriaga, creado en 1901 en San Luis Potosí, el Partido Liberal Mexicano creado por los hermanos Flores Magón en 1905, el Partido Democrático, el Club Soberanía Popular y el Partido Anti-Reeleccionista formado por José Vasconcelos, Filomeno  Mata y Francisco Madero. Este último, como es bien sabido, tuvo una importancia capital en el ocaso del régimen, pues difundió el lema “Sufragio efectivo, no reelección” a nivel nacional, mediante la realización de mítines y la formación de clubes antirreeleccionistas en los estados de la república que Madero visitó personalmente.

Si bien en tiempos electorales las críticas al régimen se concentraron en la reelección del presidente, también fueron objeto de señalamiento la reelección de gobernadores, la avanzada edad de los representantes en el Congreso y la gran influencia que los Científicos tenían no sólo sobre la persona del presidente sino sobre las políticas elaboradas en el periodo, que tendían a favorecer sus propios intereses.

Los Científicos fueron una agrupación de intelectuales, políticos y abogados que, bajo los principios de la ideología positivista en la que fueron educados, promovieron la concentración del poder en la figura presidencial, así como el progreso material de la nación. La agrupación fue muy criticada debido a que sus pretensiones trascendían del plano económico al político, lo que fue evidenciado en la Convención Liberal de 1903 realizada con miras a promover la reelección del siguiente año. Dado que no existía un mecanismo para la transmisión pacífica del poder, el grupo de los Científicos impulsó el restablecimiento de la vicepresidencia, puesto político que había sido eliminado en los años treinta del siglo XIX porque se le consideraba como un posible foco de insurrección dentro del mismo poder Ejecutivo.

Las críticas hacia la agrupación versaban en que se conformó como un partido político que quería hacerse del poder mediante la obtención de la vicepresidencia. Ante estos señalamientos, el secretario de Hacienda, José Ives Limantour mencionó a su colaborador Francisco Pineda que “El Partido Científico no existe porque no hemos querido que exista, porque hemos desechado siempre toda idea de organización y de propaganda y porque un partido sólo puede vivir cuando está dispuesto para la lucha, y nosotros no podemos luchar sino como amigos y partidarios del actual gobierno y siempre que esta lucha esté autorizada por el propio jefe del gobierno”. Pese a lo dicho por Limantour, el grupo de los Científicos propuso a uno de sus miembros como candidato a la vicepresidencia, Ramón Corral, antiguo gobernador del estado de Sonora, quien finalmente resultó electo en 1904 junto con Díaz. Dado que Díaz no involucró a Corral en las principales decisiones del gobierno, el grupo tuvo un alejamiento importante del presidente. Incluso ante la negativa del Ejecutivo de echar a andar el plan de gobierno planeado por Limantour para la renovación de algunos puestos públicos con la finalidad de asegurar la continuidad de su gobierno en la coyuntura electoral de 1910, sus miembros decidieron renunciar a sus puestos y en algunos casos optaron por el autoexilio.

La oposición al régimen no sólo se dio en el seno de las principales camarillas políticas estatales y nacional, el proyecto de modernización económica también creó opositores porque afectó los intereses de las comunidades campesinas que progresivamente fueron perdiendo tierras. Por un lado, el deslinde de terrenos tuvo como consecuencia la ampliación de las tierras de los hacendados en detrimento de las comunidades vecinas; por otro lado, la construcción de ferrocarriles llevó a que muchas tierras fueran expropiadas y privatizadas por “causa de utilidad pública”, para el tendido de las vías. La historiadora Romana Falcón menciona que, frente a los constantes despojos, las comunidades solían desplegar actos de resistencia que iban desde lo simbólico (amenazas, intimidaciones, medidas dilatorias, disimulos, ignorancia de las leyes liberales) y la vía legal (amparos, litigios y juicios) hasta la abierta confrontación. Cabe mencionar que cuando las tácticas evasivas no daban los resultados esperados y devenían en una rebelión, la actitud del gobierno fue de represión o castigo, como en el caso de las comunidades yaquis de Sonora. Es bien sabido que aquellas comunidades sostuvieron fuertes conflictos con el gobierno local por la defensa de sus tierras, lo que provocó actos de represión gubernamental cuando se trataba de movilizaciones abiertas; en algunas ocasiones los miembros de estas comunidades fueron deportados a las haciendas henequeneras de Yucatán. En este contexto no sorprende entonces que, dado el trato recibido por el gobierno porfiriano a la comunidad yaqui, muchos de sus miembros se enlistaran en las filas de los ejércitos revolucionarios.

Pero los campesinos no fueron los únicos afectados por las políticas modernizadoras. La entrada de nuevos inversionistas y los cambios legales que fomentaron la inversión en ciertos sectores económicos permitieron el arranque del proceso de industrialización en el país, pero este proceso no estuvo acompañado con la elaboración de una ley del trabajo que protegiera a los obreros. Según el liberalismo, los únicos derechos del trabajador eran aquellos fijados en los convenios entre particulares (patrones y trabajadores), lo que implicaba la ausencia de derechos y prestaciones garantizadas por el Estado. Esto explica que, en las numerosas huelgas que denunciaban las malas condiciones laborales y los salarios bajos, la actitud del presidente haya sido la de no intervención, dejando a los trabajadores a merced de los abusos de sus patrones. En algunos casos, como las huelgas de Cananea y Río Blanco, el gobierno reprimió con severidad a los obreros, acrecentándose así el descontento social que tuvo la oportunidad de expresarse en el movimiento revolucionario de 1910.

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