• 23-ene-2022.

El sistema político porfiriano

Los claroscuros del Porfiriato

Iliana Quintanar Zárate

Porfirio Díaz logró estabilidad y orden político, con negociación y autoridad, después de tres cuartos de siglo con decenas de gobiernos débiles que costaron rebeliones y cuartelazos, invasiones extranjeras, pérdidas de territorio nacional y escaso desarrollo económico.

 

Las reformas militares

Las fuerzas armadas durante el Porfiriato se componían de distintos grupos, a saber: el ejército federal, la Guardia Nacional, las fuerzas auxiliares, la gendarmería fiscal y los rurales. Para mantener controladas a las fuerzas armadas, Díaz desplegó una política de desmovilización y profesionalización. En principio, de 1879 a 1893, promovió la disminución en número de la Guardia Nacional, al trasladar a coroneles, tenientes y subtenientes a las fuerzas auxiliares. Las ventajas de aquello eran variadas, pues la Guardia Nacional estaba compuesta en su mayoría por antiguos líderes tuxtepecanos y generalmente apoyaba las causas de caciques regionales. La negociación no fue fácil, pues al menos en algunos estados este cuerpo militar era la principal fuerza al servicio del gobierno estatal. Además, a los oficiales y jefes del ejército auxiliar se les pagaba menos que al ejército permanente y quedaban sujetos al fuero militar, lo que significaba menos gasto y mayor sujeción política. Luis Medina menciona que, si bien este traslado implicó la desmovilización de la Guardia Nacional, en algunos estados el ejército auxiliar fungió como foco de movimientos de oposición, por lo que fue progresivamente nulificado al desplazar a sus principales mandos.

En cuanto a la gendarmería fiscal, su principal facultad era vigilar las fronteras para evitar el contrabando. En 1889 Hipólito Charles, primer comandante en jefe, informó que la organización interna del cuerpo tenía algunos defectos administrativos que debían ser reformados. De ahí que en 1892 se reglamentara tanto el servicio como la disciplina interna y se iniciara un estudio para la supresión de plazas superiores, con el objetivo de reducir su asignación presupuestal. El secretario de Hacienda, José Yves Limantour, retomó el proyecto de Charles sobre el entendido que el contrabando estaba casi eliminado y era necesario introducir ahorros. De esa manera, en 1893 suprimió algunas secciones fijas y más de cien puestos, lo que significó un ahorro de más de noventa mil pesos. Tres años después, la planta fue redistribuida en cuatro zonas fiscales (1. Tamaulipas y Nuevo León, 2. Chihuahua, 3. Sonora y Baja California, 4. Coahuila) con la finalidad de extender la vigilancia en el norte del país. Estos cambios implicaron el repliegue de la gendarmería a aquella región, por lo que, a inicios del siglo XX, comenzó a perder importancia frente a los resguardos aduanales como mecanismo de vigilancia y control comercial, en buena medida por el tendido de líneas férreas. Por su parte, la Fuerza Policial Rural –compuesta por 1,600 efectivos situados en los estados del centro del país– contaba con una capacidad represiva limitada pese a la imagen popular de la crueldad con la que actuaba. Al parecer, los rurales fungían más como una fuente de información que como una fuerza militar capaz de resistir levantamientos locales, debido a su falta de equipo y entrenamiento.

Además de la disminución de puestos y el traslado de elementos de un cuerpo a otro, durante el Porfiriato se promovió la profesionalización del ejército federal permanente mediante la reforma a sus ordenanzas, a los códigos de justicia militar, a los planes de estudio del Colegio Militar, la reestructuración del sistema escalafonario y la reducción del cuerpo de oficiales, especialmente de los rangos de coronel y general.

La profesionalización del ejército tuvo nuevos bríos con el nombramiento de Bernardo Reyes como secretario de Guerra, ya que no solo impulsó el mejoramiento de armamento y aprovisionamiento, sino que organizó una Segunda Reserva Civil compuesta por 20,000 voluntarios, a quienes se podía acudir en defensa de la patria. Debido a la popularidad de Reyes y la peligrosidad de contar con un cuerpo del ejército a sus órdenes, Díaz lo destituyó como secretario y disolvió la Segunda Reserva Civil en 1902. A decir de Paul Garner, la reestructuración de la milicia tuvo consecuencias mixtas, pues si bien disminuyó su injerencia en asuntos de política interna y se mantuvo bajo el control de la Federación, la reducción de plazas afectó su efectividad, ya que en realidad se trataba de un ejército pequeño integrado por 25,000 efectivos.

La negociación con la Iglesia

Si el control del ejército era necesario para evitar conflictos armados, la reconciliación entre el Estado y la Iglesia fue prioritaria para la subordinación de ésta a la autoridad de Díaz. Una de las primeras medidas que tomó Díaz en el ámbito eclesiástico fue el cultivo de relaciones personales con sus principales miembros. Entre ellos, el más destacado fue Eulogio Gillow, arzobispo de Oaxaca que fungió como intermediario entre el presidente y Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, arzobispo de México, reconocido por sus duras críticas al liberalismo y las Leyes de Reforma. La cercanía que Gillow logró entre ambos personajes fue de tal modo exitosa que incluso Labastida ofició la misa matrimonial de Díaz con Carmen Romero; y Díaz asistió al funeral del arzobispo en la década de los noventa. Gillow también intercedió por México en Roma con buenos resultados, ya que al convencer al papa León XIII del interés del presidente por lograr un acercamiento con la Iglesia, fue enviada una delegación apostólica de la Santa Sede a México. La presencia de esta representación no formal contribuyó a la neutralización política de grupos católicos conservadores críticos del régimen liberal. La reconciliación con la Iglesia por vía de aquellos mecanismos también le permitió a Díaz que le fueran consultados informalmente los candidatos a obispos de las diócesis mexicanas.

La relación del régimen político con el ámbito religioso en aras del establecimiento de un modus vivendi en el que la Iglesia reconociera la autoridad de Díaz, implicó no sólo la aplicación selectiva de las Leyes de Reforma, sino la tolerancia a expresiones públicas de culto. En la religiosidad mexicana, la prohibición de actos como las fiestas patronales o el mismo culto a la Virgen de Guadalupe podía causar innumerables rebeliones en los entornos rural y urbano. La tolerancia también se trasladó al ámbito periodístico, pues Díaz permitió la libertad de prensa en el ámbito religioso, de ahí la aparición de publicaciones como La Voz de México y El Tiempo, que de vez en cuando criticaban algunas políticas del régimen.

 

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