En unos cuantos días la insurrección iniciada por el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores se convirtió en una revolución de proporciones mayúsculas que puso en máxima alerta a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España. Celaya, Salamanca e Irapuato se rindieron ante la entrada de un ejército de criollos, mestizos, indios, mulatos, que continuaba creciendo en su marcha hacia Guanajuato.

La Inquisición de México rara vez tenía que ver con casos de herejía (la última quema de un reo después de un auto de fe había sido en 1711). Más bien, se encargaba de averiguar y castigar delitos muy variables contra la religión, prohibía y decomisaba libros y, a veces, se interesaba también en delitos de Estado. Sacerdotes, frailes y canónigos permitían que la institución consiguiera dar curso a una multitud de denuncias de todo tipo —unas graves y otras ridículas—  que procedían de todas las provincias de la Nueva España, de Centroamérica (Capitanía de Guatemala) e, incluso, ¡de la remota Filipinas! Entre los muchos expedientes que se guardaban en el archivo inquisitorial, se encontraba éste, formado diez años antes de la insurrección, que comenzaba con una denuncia hecha en julio de 1800 por un fraile mercedario que declaró ante el comisario de la Inquisición en Valladolid.

El fraile denunció que en una reunión en el pueblo de Taximaroa, había tenido una disputa teológica con el padre Miguel Hidalgo, cura de San Felipe. La discusión había girado en torno al libro de un teólogo francés y, según el mercedario, Hidalgo había sostenido varios argumentos, unos críticos a la jerarquía eclesiástica y otros escandalosos, inapropiados para un eclesiástico. De acuerdo con su procedimiento habitual, la Inquisición ordenó hacer una averiguación secreta en Valladolid para determinar si había elementos suficientes para iniciar un juicio. La indagatoria demostró que Hidalgo era un sacerdote brillante, reconocido por su cultura literaria y estimado en la diócesis; pero también desafecto al gobierno, crítico de diversas instituciones eclesiásticas, ávido lector de obras polémicas (aunque no todas prohibidas) y, sobre todo, amante del ambiente de las tertulias, en las que solía hablar con humor y libertad sobre todo tipo de asuntos. Todo ello, sin embargo, no lo hizo acreedor a un juicio inquisitorial.

En octubre de 1810, el tribunal de México no tenía una autoridad superior a la que pudiera consultar sobre la resolución de los casos importantes porque el Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, máximo órgano inquisitorial, había sido desmantelado por la invasión francesa. Por ello, sospechamos que los inquisidores debieron discutir con el arzobispo y quizá también con el virrey la conveniencia de iniciar un juicio inquisitorial contra Hidalgo. Como quiera que fuese, el expediente inquisitorial fue reabierto, y se le agregó un artículo de la Gaceta de México, mera propaganda, según la cual la insurrección inspiraba “las impías máximas de que no hay Infierno, ni Purgatorio, ni Gloria, para que cada uno siga sus pasiones...” Semejante “prueba” sirvió para demostrar que las viejas acusaciones debían ser ciertas. En unos cuantos días se dio por probado lo que antes se había descartado, y los calificadores se encargaron de demostrar a qué secta correspondía cada una de las proposiciones por las que el fiscal de la Inquisición acusaba a Hidalgo de ser “sedicioso, cismático, y hereje formal”.

En dos días estuvo lista la calificación, y en menos de una semana el tribunal de la Inquisición redactó un citatorio contra el líder rebelde, en forma de edicto. Es muy probable que el edicto del Santo Oficio causara una gran impresión en un primer momento. Pero muy pronto Hidalgo respondió a las acusaciones.

Esta publicación es un fragmento del artículo “La Inquisición contra Hidalgo” de los autores Gabriel Torres Puga y Carlos Gustavo Mejía Chávez y se publicó íntegramente en la edición de Relatos e Historias en México, núm. 25.

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