El imponente desarrollo de la industria y el comercio en el Porfiriato le permitió a México una nueva colocación en el mercado mundial. Sin embargo, el anacrónico marco jurídico del viejo Estado liberal posibilitó la concentración de la riqueza y tal precarización general que al país le costó una cruenta revolución.

Uno de los principales pilares de la continuidad del gobierno de Porfirio Díaz fue su proyecto económico, el cual se basaba en alcanzar el progreso material mediante la modernización de todos los sectores. Si bien durante el primer periodo presidencial de Díaz los logros en el ámbito económico fueron más bien magros, lo cierto es que a partir de la década de los ochenta estos fueron mucho más contundentes. En buena medida, México tuvo la oportunidad de integrarse al mercado mundial a partir del proceso denominado como Primera Globalización Económica, que tuvo lugar de 1870 a 1914, y durante el cual las materias primas latinoamericanas fueron muy importantes para apoyar los procesos industrializadores de Europa y Norteamérica. De tal forma, el modelo de crecimiento económico desplegado durante los gobiernos de Porfirio Díaz fue el primario exportador. Las exportaciones mexicanas tuvieron la oportunidad de colocarse en el mercado internacional por su gran demanda, al tiempo que fueron diversificándose, pues el país vendía con profusión no solo metales preciosos, sino minerales industriales y una gran variedad de productos agrícolas. Este proceso se vio fortalecido con la elaboración del Código de Comercio que promovió las asociaciones mercantiles; el Código de Minería (1884) que dio mayores seguridades a la propiedad, y la Ordenanza de Aduanas (1891), por la que se establecieron franjas de protección arancelaria con fines desarrollistas que a su vez apoyaron el proceso industrializador.

Para lograr la integración de México a la economía internacional, el reconocimiento y arreglo de la deuda fue capital, ya que de ello dependía el fomento de la confianza de los posibles inversionistas. Así, en la década de los ochenta, el secretario de Hacienda Manuel Dublán logró el primer arreglo de la deuda externa inglesa, lo que le abrió las puertas al país al crédito externo. A aquel arreglo le siguieron otros tres negociados por el secretario de Hacienda José Yves Limantour. El arreglo de 1894 logró la reestructuración de la deuda interna; el de 1899 introdujo a los norteamericanos como acreedores y el de 1904 logró la dotación de un préstamo de 40 millones de dólares por parte de varias casas bancarias norteamericanas y europeas. Los aciertos de aquellos arreglos fueron la obtención de mejores condiciones en tasas de interés y plazos de pago, la cotización de los bonos mexicanos en otras casas de valores, la eliminación progresiva de hipotecas que pesaban sobre los ingresos aduanales y el Ferrocarril de Tehuantepec, y la obtención de recursos que estaban dirigidos a apoyar el plan de infraestructura.

Las finanzas públicas también fueron arregladas, pues uno de los principales problemas heredados de los periodos previos era el desequilibrio presupuestal que impedía llevar a cabo proyectos económicos de largo alcance. José Yves Limantour tuvo entonces como prioridad lograr y mantener la nivelación del presupuesto durante toda su gestión como secretario (1892-1911). El objetivo no era menor, pues implicó el despliegue de una política de reestructuración y contención del gasto, acompañada de la ampliación de fuentes de ingreso internas. El denominado “plan de economías” implicó la clasificación y modificación de montos de partidas presupuestarias al mínimo indispensable sin afectar el servicio público; el control de los presupuestos parciales de todas las dependencias del gobierno; la no disposición de algunas asignaciones con las que se haría un fondo de reserva y cuyos montos serían invertidos en obras de utilidad pública; y la contracción en número de la burocracia y dependencias del gobierno, entre otras acciones que le reportaron muchos ahorros a Limantour. Con todo esto pudo conseguir el tan ansiado equilibrio presupuestal, lo que le hizo acreedor del mote de “mago de las finanzas”.

La reforma fiscal tuvo como propósitos aumentar la recaudación interna por medio de la eliminación de las alcabalas, el rediseño del impuesto del Timbre, la ampliación de la base gravable de algunos impuestos ya existentes y el establecimiento de nuevos impuestos. Esta reforma estuvo acompañada por cambios administrativos cuyos objetivos eran la reducción de los costos de recaudación, la simplificación de los trámites y la obtención de información precisa, todo ello tanto para hacer más eficiente el cobro de impuestos como para establecer a la Secretaría de Hacienda como el centro directivo de todo el sistema, de tal forma que la centralización política fomentada por Díaz también tuviera lugar en el ámbito administrativo. Cabe añadir, en este sentido, que las acciones tomadas por parte de la Secretaría de Hacienda para aumentar los ingresos de la Federación llevaron a una pérdida de facultades fiscales de los estados de la república.

El proyecto de infraestructura se centró en la ampliación de las comunicaciones; para tal fin se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 1891 (cuyo edificio hoy alberga el Museo Nacional de Arte). El tendido de vías férreas y telegráficas, así como la rehabilitación de algunos puertos fueron prioritarios. Si bien durante la primera mitad del siglo ya se habían dado algunas concesiones para la construcción de ferrocarriles en México, sus resultados fueron nimios en buena medida porque la escasez de capital impidió la conclusión de las obras. De ahí que, hacia la década de los ochenta, el gobierno mexicano otorgara concesiones a dos empresas norteamericanas que lograron concluir con éxito el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional que iban de Ciudad de México a Ciudad Juárez y Nuevo Laredo respectivamente. Estas dos líneas fomentaron la integración económica nacional e internacional, con lo que se establecieron las bases para la consolidación de un mercado interno. El crecimiento del sector ferroviario fue enorme durante el periodo, pues en 1877 existían 666 km de vía, mientras que en 1911 habían crecido a 19 797 km. La intervención del poder público en el ámbito ferroviario se consolidó con la mexicanización de los ferrocarriles y la creación de la primera empresa paraestatal denominada Ferrocarriles Nacionales de México en 1908.

El sector bancario también se consolidó durante el Porfiriato. En 1897 se elaboró la Ley General de Instituciones de Crédito, que estableció las bases para el surgimiento de instituciones bancarias que apoyaran la industria, la agricultura y el comercio. De ahí que el sistema bancario en México a finales del siglo XIX estuviese compuesto por bancos de emisión (uno por cada estado), bancos refaccionarios y bancos hipotecarios. Dadas las concesiones que la ley otorgaba a los accionistas, el bancario resultó en algunos casos un buen negocio que fue aprovechado por inversionistas mexicanos, españoles, alemanes, ingleses, franceses y norteamericanos.

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