En 1948 se instauró el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) para gravar el consumo a través del ingreso que, por concepto de compraventa, recibían comerciantes e industriales, como sucede actualmente con el IVA.

Las distintas necesidades financieras y políticas del Estado posrevolucionario hicieron que la federación buscara centralizar el cobro de ciertos impuestos, en detrimento de la soberanía fiscal de los estados.

En la década de 1840, aparte de enfrentar la usurpación de tierras por algunos hacendados, campesinos e indígenas entraron en conflicto con el gobierno debido al aumento de los impuestos.

La capitación: este impuesto se cobraba por cabeza; gravaba a la persona por existir, independientemente de sus riquezas o desposesiones. Hasta la primera mitad del siglo XIX, los impuestos personales tenían dos vertientes: por un lado, la capitación, que heredaba el antiguo tributo a la monarquía y gravaba solamente a las personas integrantes de los “pueblos originarios”, es decir, por su pertenencia a una etnia; por otra parte, después de la Independencia, un impuesto gravaba a todo individuo mayor de dieciocho años con una cuota fija (igualitaria, aunque no equitativa). Así, los indígenas pagaban doble gravamen.

El diezmo eclesiástico era una contribución directa; gravaba la producción agropecuaria bruta y el lucro legítimamente adquirido. Sin embargo, no era fiscal, sino religiosa. De hecho, es una exacción antiquísima que se menciona en el Génesis bíblico: Abraham pagó diezmo a Melquisedec, “sacerdote de Dios Altísimo”. Por lo tanto, es un pago para el sostenimiento del clero. Que sea una contribución directa resulta únicamente de la necesidad de determinar una base para el cobro.

En el Antiguo Régimen del mundo occidental el contribuyente enfrentaba una triple fiscalidad en función de sus distintas personalidades: como cristiano, como vasallo y como vecino de una localidad. De ese modo atendía las exigencias en el mismo orden: el eclesiástico, con el pago del diezmo; el regio, compuesto de una diversidad de impuestos, monopolios y derechos, y el municipal, a partir del arbitrio de cada cabildo.