En el Antiguo Régimen del mundo occidental el contribuyente enfrentaba una triple fiscalidad en función de sus distintas personalidades: como cristiano, como vasallo y como vecino de una localidad. De ese modo atendía las exigencias en el mismo orden: el eclesiástico, con el pago del diezmo; el regio, compuesto de una diversidad de impuestos, monopolios y derechos, y el municipal, a partir del arbitrio de cada cabildo.

En el erario regio de la monarquía hispana en América, a finales del siglo XVIII, para el cobro de las diversas rentas se fueron creando diferentes instancias administrativo-judiciales para los principales impuestos: el diezmo y el quinto de oro y plata, el tributo de indios y castas, los derechos del almojarifazgo, el de alcabalas y el del estanco del tabaco.

Para el cobro de los derechos mineros, entre otros muchos, se crearon desde el siglo XVI oficinas de recaudación denominadas cajas reales, gobernadas por empleados a sueldo de la Corona, los tesoreros y los contadores. Estos estaban directamente en contacto con los mineros que extraían los metales preciosos o con los comerciantes que se los compraban para llevar el registro detallado de los metales declarados (peso, pureza) y así proceder al cobro del quinto y del diezmo de oro o plata. Estos gravámenes implicaban el reconocimiento de la titularidad que tenía el soberano sobre la minería.

Por el tributo de indios y castas habían de pagar los indígenas la capitación, como reconocimiento del “señorío y vasallaje” del monarca, así como los descendientes de los antiguos esclavos, en su mayoría procedentes de África o de Asia (por ejemplo, de Filipinas). En este caso, la relación entre los contribuyentes y los oficiales reales era indirecta, ya que quienes recolectaban el tributo eran las propias autoridades de los pueblos de indios, los hacendados y rancheros, los propietarios de talleres artesanales y obrajes o, incluso, las corporaciones mineras que contaban entre sus trabajadores con este tipo de población. Una vez recolectado, lo derivaban a las cajas reales. Esta delegación del cobro de la capitación hacía mucho más simple y económico el cobro para la Real Hacienda.

En el caso de los principales impuestos sobre el comercio externo (los almojarifazgos de entrada y de salida) e interno (las alcabalas), la Corona generalizó desde la década de 1770 en América una estructura de aduanas, en las que se dispuso de personal especializado (administradores, contadores, tesoreros, escribanos, guarda almacenes, resguardos, etcétera) encargado del control del tráfico mercantil a fin de que se pagasen los impuestos respectivos. La red de aduanas se ubicó en los principales puertos, ciudades, villas, reales mineros y en puntos estratégicos de la red de caminos. Allí debían de acudir los causantes a declarar sus mercancías y pagar los derechos respectivos.

Por lo que atañe al monopolio del tabaco –la principal renta de la monarquía en América entre finales del siglo XVIII y principios del XIX–, el erario regio dispuso diferencialmente, según los territorios, una malla de administraciones, factorías, fábricas, estancos y estanquillos. En estos dos últimos, los consumidores adquirían las diversas variedades de tabacos (rama, polvo, puros, cigarros) a un precio oficial, que compactaba el costo de producción, de expendio y las ganancias del erario regio. Los titulares de estancos y estanquillos eran “empleados” del Estanco y su ingreso derivaba de un salario fijo o de un porcentaje sobre el valor de las ventas realizadas.

Como bien se puede apreciar, el cobro de los impuestos, rentas y derechos a los contribuyentes tenía una variedad de agentes, personas públicas y privadas, lo cual era una clara manifestación de la estrategia de adaptación del erario regio a las diferentes condiciones regionales, demográficas, económicas y corporativas de los territorios americanos sometidos a la autoridad del monarca hispano.

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Ernest Sánchez Santiró. Doctor en Geografía e Historia, profesor investigador del Instituto Mora y miembro del SNI y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus últimas investigaciones se centran en la historia de los Reales Erarios indianos en el siglo XVIII y principios del XIX, y en la hacienda pública mexicana en el siglo XIX. En este rubro destaca su libro La imperiosa necesidad. Crisis y colapso del erario de Nueva España (1808-1821) (Colmich/Instituto Mora, 2016).