• lunes, 12 de noviembre de 2018.

¿Mártir, beato y santo?

Padre Pro
Por: Pablo Serrano Álvarez

Miguel Agustín Pro Juárez murió fusilado el 23 de noviembre de 1927 a las 10:38 de la mañana en el campo de prácticas de tiro de una inspección de policía en el centro de la ciudad de México. Pocos segundos antes, ya en el paredón y como última voluntad, se arrodilló para rezar. Una vez finalizada la plegaria, se puso de pie y cuando el comandante que dirigía el pelotón ordenó a sus integrantes ponerse en posición de tiradores, abrió los brazos formando con su cuerpo una cruz. Sonaron los disparos y su cuerpo cayó suavemente sobre el costado derecho. El doctor Horacio Cazale, del servicio médico de la policía, se acercó para dar fe de su muerte pero advirtió que el cuerpo seguía con vida. De inmediato recibió el tiro de gracia.

 

Miguel Agustín fue el primero de cuatro ajusticiados esa mañana de un noviembre violento y crispado por el radicalismo. El lugar estaba abarrotado. Era inusual la presencia de periodistas, fotógrafos e incluso de representantes del cuerpo diplomático. De hecho, la secuencia completa de los fusilamientos fue ampliamente difundida. Sin duda había la intención de dar a conocer el evento, de esparcir con profusión un mensaje, de publicitar un castigo ejemplar.

 

Los caídos eran acusados de haber participado en el atentado sufrido por el candidato presidencial Álvaro Obregón unos días antes, el 13 de noviembre. Sin juicio de por medio, fueron condenados y ejecutados.

 

El activismo católico

 

Agustín se describía como un “zacatecano hablador, barretero, sinvergüenza, pelado guarachón que huele a pulque y escupe por el colmillo”. Esta autocaricatura daba algunas pistas de su origen, trayectoria y modo de ser.

 

Había nacido en Zacatecas, en la población minera de Guadalupe, muy próxima a la capital del estado, el 13 de enero de 1891 a las 2:15 de la tarde. Fueron sus padres Miguel Pro y Josefa Juárez, una pareja de devotos católicos que a los tres días llevó a bautizar al recién nacido, a quien pusieron por nombre José Ramón Miguel Agustín. Fue el tercero de once hermanos.

 

Don Miguel padre llevó a la familia primero a la ciudad de México y más tarde a Monterrey, hasta que finalmente, en 1898, se instaló en Concepción del Oro, al norte de Zacatecas. Buscando la comodidad para los suyos, decidió que la familia se trasladara a Saltillo, Coahuila, mientras que él mismo hacía base en Concepción. Agustín asistió durante algunos periodos en las escuelas de la prestigiosa capital coahuilense, donde llegaron a apodarle el Minero. Si bien nunca fue un barretero, sí presenció de cerca y hasta compartió la vida, modos y costumbres de los trabajadores mineros, sobre todo cuando en la adolescencia le correspondió pasar largas temporadas ayudando a su padre en la administración de algunas minas, así como cuando éste fue nombrado agente del Ministerio de Fomento en Concepción.

 

Tan trascendente como su cercanía a la vida en las minas fue para su formación el ambiente de activismo católico que lo envolvió y que en el centro y occidente del país crecía de manera notable hacia finales del Porfiriato. Dicho activismo hacía eco de una nueva actitud de la Iglesia ante los cambios que habían venido ocurriendo en la sociedad y que tenía como punto de arranque las encíclicas Rerum novarum (1891) y Graves de communi (1901), en las que se reconocían los desequilibrios entre ricos y pobres, se establecía como una necesidad el que la autoridad civil y la Iglesia intervinieran en el problema y se definía el papel que deberían jugar los trabajadores católicos y sus agrupaciones para restaurar el orden social.

 

Al despuntar el siglo XX, la movilización y organización de grupos católicos se hizo cada vez más clara en México. De ello dan evidencia los congresos católicos; el primero se celebró en Puebla en 1903, a él siguieron los de Morelia (1904), Guadalajara (1905) y Oaxaca (1909). También destacaron los congresos agrícolas; un par de ellos celebrados en Tulancingo en 1904 y 1905, y otro más en Zamora en 1906. Asimismo, se organizaron las llamadas semanas sociales en León en 1908 y en la ciudad de México en 1909 y 1910.

 

En este contexto, para 1910 las dos hijas mayores de la familia Pro Juárez habían tomado el hábito. Lo que ocurría en ese núcleo familiar era sólo un ejemplo de lo que se desarrollaba de manera más extendida en una amplia zona de México. Miguel Agustín seguiría pronto los pasos de sus hermanas: el 10 de agosto de 1911 ingresó al Noviciado de la Compañía de Jesús en El Llano, Michoacán, poblado muy próximo a Zamora.

 

Entre 1911 y 1914, los católicos realizaron una amplia actividad pública, ya fuera como parte del gobierno civil o bien como interlocutores en la construcción de la opinión pública. Desde sus muchas y efectivas trincheras, se constituyeron en un agente político de reformas sociales y materializaron demandas que devenían del proyecto social del papa León XIII. A principios de 1913 precisamente Zamora, donde a la sazón se hallaba Miguel Agustín, fue la sede de la Segunda Gran Dieta de la Confederación Nacional de los Círculos Católicos Obreros, considerada la culminación de las actividades del catolicismo social mexicano, que para entonces y con ese evento había adquirido perfiles bien definidos.

 

“¡Viva Cristo Rey!”

 

Durante el recién concluido gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) se habían suscitado numerosos enfrentamientos entre grupos católicos y gobiernistas que, si bien no pasaron a más, evidenciaban las tensiones crecientes entre la Iglesia y el Estado. La posición defensiva de la Iglesia alentó la formación de distintas agrupaciones y la consolidación de algunas ya existentes, como la Unión Nacional de Damas Católicas Mejicanas (fundada en 1912 y reestructurada en 1920) y la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM, fundada en 1913, pero consolidada en 1922), que se convertiría en semillero de futuros líderes rebeldes.

 

Apenas iniciado el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) la tensión aumentó. Se hizo patente en enfrentamientos entre sindicalistas católicos y miembros de la poderosa Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), bajo el mando del influyente líder sindical Luis N. Morones, a la sazón secretario de Industria, Comercio y Trabajo. De hecho, Morones patrocinó la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, cuya creación bajo el mandato del ex sacerdote católico José Joaquín Pérez (el Patriarca Pérez), en febrero de 1925, dio lugar a un violento enfrentamiento en el templo de la Soledad de la capital del país. Las provocaciones continuaron durante el resto del año, ya mediante ocupaciones de templos católicos por parte de los “cismáticos” o bien a través de acusaciones contra sacerdotes por participar en actividades sediciosas.

 

Ante las declaraciones de monseñor José Mora y del Río en febrero de 1926 en el sentido de que la Iglesia emprendería “una campaña contra las leyes injustas”, el gobierno de Calles respondió con un golpe de mano: ordenó la consignación del arzobispo, la clausura de algunos templos y centros religiosos, así como la expulsión de los sacerdotes extranjeros. Semanas más tarde, dispuso el registro de los sacerdotes capitalinos ante el ayuntamiento de la ciudad de México y la aprehensión de algunos miembros de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, asociación política católica creada tras el intento cismático de la CROM.

 

Como punto culminante, Calles expidió la Ley de Cultos que reglamentaba el artículo 130 constitucional. La también llamada Ley Calles limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes, establecía que los sacerdotes del país debían registrarse con el presidente municipal y sólo podrían ejercer quienes tuvieran licencia otorgada por el Congreso de la Unión o del estado correspondiente.

 

En el decreto, el presidente hacía saber las reformas al Código Penal, donde se establecían penas por violaciones a la Constitución a lo referente a cultos o enseñanza. En los días siguientes fueron clausurados 42 templos en el país y varias capillas en asilos de beneficencia privada abiertos al público; se suprimieron las actuaciones de religiosos en instituciones de beneficencia; se cerraron 73 conventos y expulsó a varios sacerdotes extranjeros.

 

La jerarquía católica, muy dividida entre quienes preferían adoptar una posición conciliadora y los que se negaban a aceptar cualquier arreglo, respondió con una decisión por demás provocadora: ordenó el cierre de los templos para el 31 de julio. En ese contexto el padre Pro se presentó ante sus superiores y, dadas las circunstancias, inició su trabajo sacerdotal en México en la clandestinidad. A la espera de que las cosas se aclararan y fuera destacado a alguna zona industrial como originalmente se había planeado, desarrolló una intensa actividad en la ciudad de México, ya fuera llevando a cabo actos litúrgicos en domicilios particulares, o bien colectando víveres para apoyar a familias pobres.

 

 

 

Esta publicación es sólo un resumen del artículo “¿Mártir, beato y santo?”, del autor Pablo Serrano Álvarez, que se publicó íntegramente en la edición de Relatos e Historias en México, núm. 98.