Para hacer más eficiente el aparato del Estado Limantour trazó cuatro lineamientos: eliminar la corrupción de la planta laboral hacendaria, subsanar la falta o imperfección de la información estadística, disminuir los costos de recaudación y simplificar los procesos administrativos.

De esa manera, la moralización de personal inauguró un sistema que oscilaba entre la vigilancia y el apoyo, pues el secretario estaba convencido que de una burocracia honesta dependía el buen manejo de los fondos públicos.

Los principales problemas que aquejaban a la planta laboral eran la embriaguez, el juego (gallos o cartas), la cesión de préstamos personales con fondos públicos, la colusión y la falta de instrucción en materia legislativa fiscal. De ahí que se prohibiera a los empleados la asistencia a casas de juego, la realización de colectas entre los empleados para hacer regalos a los jefes de las oficinas, la realización de préstamos con interés y el nombramiento de personas vinculadas por parentesco en la misma oficina. De igual forma, se estableció la obligación a todos los jefes de oficinas de llevar hojas de registro de todos sus subalternos en las que debían registrar los cargos que hubiesen ejercido en la administración pública, sueldo, periodo de duración, licencias y motivo de separación. Estas hojas debían ser enviadas al oficial mayor segundo de la Secretaría junto con un informe confidencial que diera cuenta de la conducta, aptitudes y defectos de cada empleado. Para asegurar la preparación de los empleados, estaban obligados a asistir a clases de gramática, aritmética, contabilidad fiscal, legislación, tramitación de correspondencia oficial, caligrafía y mecanografía. Todos los elementos anteriores, la hoja de registro, elinforme de conducta y las calificaciones obtenidas en los cursos, eran tomados en cuenta si algún empleado aspiraba a un puesto de mayor responsabilidad; con lo que se estableció un sistema de escalafón.

La honradez y competencia eran a todas luces las principales cualidades que Limantour buscaba entre los funcionarios del sistema administrativo fiscal. A cambio de las prohibiciones y obligaciones académicas, el secretario estableció un sistema de estímulos conformado por la “Caja de ahorros y préstamos de los empleados federales del ramo de Hacienda”, para que todo empleado-accionista pudiera obtener pequeños préstamos con interés; al tiempo que introdujo disposiciones para facilitar la caución de manejo mediante la firma de un contrato con la “American Surety Company”, que garantizaba las fianzas que debía presentar todo empleado que manejara fondos públicos. Una vez que el presupuesto presentó excedentes a lo largo de varios años, el secretario solicitó al Congreso el aumento salarial de algunas plazas. El objetivo de estas medidas era fomentar entre la burocracia sentimientos de confianza y lealtad ante la Secretaría de Hacienda.

La información estadística era muy deficiente y dificultaba la planeación del presupuesto, así que Limantour fortaleció la sección interna de la Secretaría al dotarla de mayor número de empleados y determinó que en cada oficina debía existir una o dos personas exclusivamente dedicadas a su formación. Para obtener información uniforme, diseñó formatos específicos para registrar la contabilidad de todas las oficinas, cuyos encargados debían enviarla con puntualidad mensual, semestral y anualmente a la Secretaría a través de las líneas telegráficas.

Limantour llevó a cabo una serie de modificaciones en los principales impuestos internos y en el sistema administrativo que por fuerza les acompañaba para aumentar las fuentes de ingreso interno, fomentar la creación de un mercado nacional y centralizar el poder fiscal de la Federación. El primer cambio se dio en el impuesto del Timbre, que Matías Romero había establecido en la década de los setenta. Debido a que este impuesto causaba algunas confusiones y quejas entre los causantes, Limantour estableció claramente que habría tres tipos de estampillas (comunes, mercancías gravadas y contribución federal), y que la Federación sería la única autoridad que podía imprimirlas. Esto limitaba las facultades de los estados en materia fiscal, pues al establecer el impuesto sobre alcoholes y tabacos, aquellos quedaban impedidos para designar nuevas contribuciones. Las facultades fiscales de los estados también disminuyeron con la eliminación de las alcabalas en 1896, impuestos a las ventas que constituían en algunos casos más de la mitad del ingreso de las haciendas estatales y que tuvieron que ser removidas para promover la creación de un mercado interno.

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #150 impresa o digital:

José Yves Limantour. Versión impresa.

José Yves Limantour. Versión digital.

Recomendaciones del editor:

Si desea saber más sobre José Yves Limantour y las finanzas públicas en el Porfiriato, dé clic en nuestra sección “José Yves Limantour”.

Iliana Quintanar Zárate. Doctora en Historia por El Colegio de México y profesora titular de la División de Historia del CIDE. Su campo de estudio es la política económica y la banca durante el Porfiriato, así como las redes de crédito y negocios de la Nueva España y La Habana en el siglo XVIII. También se interesa por la historia digital y sus aplicaciones en el análisis económico y la docencia. Ha colaborado en revistas académicas y libros colectivos; su publicación más reciente es “El Estado porfiriano y la centralización administrativa (1892-1911)”, en María Eugenia Romero Sotelo (coord.), Una historia de la idea de nacionalismo en México: actores e instituciones (Facultad de Economía-UNAM, 2020).