El Porfiriato consolidó a la Secretaría de Hacienda como la principal autoridad económica a nivel nacional y poco quedaba fuera de su supervisión, como el importante trabajo realizado en las diferentes aduanas, que por esos años también fueron modernizadas.

Limantour estableció nuevas reglas para garantizar la correcta recaudación del timbre. En principio, todas las oficinas debían cumplir órdenes directamente de la Secretaría de Hacienda, de la que emanaba una especie de ejército fiscal conformado por inspectores y visitadores, nombrados directamente por el secretario y a quienes se les asignaron determinadas zonas de visita para vigilar que existieran en caja los montos recaudados y estuvieran correctamente registrados en los libros. Las visitas se hicieron permanentes y sorpresivas, pues si se notificaba la llegada del funcionario, podría prestarse a la reelaboración de las cuentas en las oficinas, lo que se consideraba no solo como delito penal sujeto a encarcelamiento, sino también como falta de patriotismo con el plan de economías desplegado por el secretario. Para evitar la colusión, Limantour ideó un sistema de incentivos y vigilancia sobre los mismos inspectores y visitadores, que consistía en la asignación de un porcentaje del monto de las multas levantadas por errores o desfalcos, y en un sistema jerarquizado de supervisión entre los mismos funcionarios. El estrecho control sobre sus empleados, y la ampliación de mercancías sujetas al impuesto resultaron en el aumento de los fondos recaudados.

El sistema de aduanas marítimas y fronterizas dependientes de la Federación también tuvo modificaciones administrativas que fortalecieron el control de la Secretaría de Hacienda. La ley general de aduanas jerarquizó en seis categorías a todas las oficinas con los criterios de intensidad del tráfico, ubicación geográfica y montos recaudados. La categorización de las aduanas determinaba entonces el número de empleados y los montos de su sueldo, pero se determinó que a partir de 1906 se sujetarían a las disponibilidades presupuestarias. El secretario buscaba que, tanto en las oficinas del Timbre como en las aduanas se limitara el número de puestos a solo el indispensable, así como que se fusionaran o eliminaran algunas oficinas para obtener todavía más ahorros sin afectar la eficiencia del servicio público.

Todas las medidas anteriores, sumadas a la eliminación de algunos trámites administrativos para el pago de impuestos impactaron positivamente en los costos de recaudación pues disminuyeron progresivamente, al tiempo que elevaron la confianza de los contribuyentes y con ello los montos de recaudación.

El proceso de reforma administrativa limantouriana consolidó a la Secretaría de Hacienda como la principal autoridad económica a nivel nacional, ya que al final del régimen era la única dependencia que tenía presencia en todo el territorio nacional. El control sobre el sistema administrativo le valió también la centralización del poder en el Ejecutivo del que formaba parte, quedaba cada vez más claro que toda política económica emanaría de la Secretaría de Hacienda. Esta tendencia no solo fue visible en el control del sistema administrativo fiscal, sino que también tuvo lugar en otros ámbitos como el bancario.

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Iliana Quintanar Zárate. Doctora en Historia por El Colegio de México y profesora titular de la División de Historia del CIDE. Su campo de estudio es la política económica y la banca durante el Porfiriato, así como las redes de crédito y negocios de la Nueva España y La Habana en el siglo XVIII. También se interesa por la historia digital y sus aplicaciones en el análisis económico y la docencia. Ha colaborado en revistas académicas y libros colectivos; su publicación más reciente es “El Estado porfiriano y la centralización administrativa (1892-1911)”, en María Eugenia Romero Sotelo (coord.), Una historia de la idea de nacionalismo en México: actores e instituciones (Facultad de Economía-UNAM, 2020).