En 1897 se creó la primera Ley Bancaria nacional, negociada con los principales bancos establecidos en el país. Estos tuvieron que aceptar las directrices federales para poder continuar con sus operaciones.

La banca en México estaba escasamente desarrollada hacia la década de 1890. Dada la importancia de establecer un sistema bancario en México que apoyara las principales actividades económicas del país, Limantour y sus colaboradores se dieron a la tarea de elaborar la primera Ley Bancaria en 1897. El reto no era menor, pues había que empatar los intereses particulares del Banco Nacional de México, el Banco de Londres y México y los bancos estatales con los intereses nacionales. Así, la elaboración de la ley estuvo mediada por un proceso de negociación política con los directores de aquellos bancos, quienes debían ceder algunos de sus privilegios para el establecimiento de instituciones crediticias en los estados de la República.

El sistema bancario porfiriano quedó integrado por tres tipos de bancos: agrícolas, refaccionarios y de emisión, dirigidos a apoyar la agricultura, la industria y el comercio, respectivamente. Debido a que los contratos de los bancos existentes guardaban mucha disparidad entre sí, ya fuese en el plazo de la concesión o en los montos que debían garantizar la emisión de sus billetes, la ley se abocó a establecer lineamientos uniformes para aquellas sociedades que pretendiesen obtener una concesión para la operación de un banco.

La banca que tuvo mayor crecimiento fue la de emisión, de ahí que en la actualidad podamos encontrar billetes de bancos de distintos estados de la República. A pesar de que el espíritu de la ley general de instituciones de crédito era promover la formación de un mercado de capitales nacional sin intervención del gobierno en las operaciones internas bancarias, con el tiempo se estableció un sistema que podría llamarse de libertad reglamentada, cuyo árbitro fue la Secretaría de Hacienda. Debido a que se argumentaba que el público usuario de los servicios, billetes e instrumentos bancarios no podía asegurarse por sí mismo de la solidez de las instituciones, el Estado tenía que intervenir mediante una vigilancia estrecha de sus operaciones y el control de los montos de emisión y circulación de billetes para evitar tanto pánicos bancarios como procesos inflacionarios.

Según Limantour, la intervención en la banca era en beneficio del público. De la misma manera que procedió con el sistema de administración fiscal, el secretario emitió formatos de registro para las operaciones bancarias, con miras a realizar cortes de caja y balances mensuales para obtener información uniforme y desplegó otro pequeño ejército de interventores. Antes de la publicación de la ley, los gobernadores de los estados nombraban a los inspectores bancarios, lo que daba pie a colusión y corrupción, así que aquella facultad le fue trasladada al presidente de la nación previa consulta al secretario de Hacienda.

Hacia 1903 la vigilancia se volvió mucho más estricta, pues Limantour amplió las facultades de los inspectores, quienes debían presenciar diariamente los cortes de caja y revisar toda la documentación del banco, incluidos los libros de contabilidad de matrices, agencias y sucursales. La medida generó mucha discordia entre Limantour y los banqueros (algunos eran sus amigos personales) no obstante, el secretario fue determinante al afirmar que “la intervención del gobierno en las instituciones de crédito es y debe ser absoluta, sin más restricción que la de no ingerirse en las operaciones del establecimiento ni en sus actos administrativos” y al establecer en 1904 la Inspección General de Instituciones de Crédito y Compañías de Seguros. Las tareas de la nueva institución eran garantizar la observancia de la ley en todos los establecimientos bancarios y asegurarse del correcto funcionamiento de la red de interventores bajo las órdenes y supervisión de un inspector general.

La Secretaría de Hacienda amplió la supervisión sobre el sistema bancario que había creado con lo que la supuesta libertad de las instituciones crediticias cedida por la ley quedaba en entredicho. Limantour justificó aquella intervención al mencionar que solo así podría fomentarse la confianza del público usuario en los bancos, quienes gozarían de libertad y privilegios, siempre y cuando ajustaran sus actividades a los preceptos de la ley y las disposiciones de la Secretaría de Hacienda. El control que ejerció en el funcionamiento y expansión del sector bancario era tal, que un observador de la época mencionó que “la vida de los bancos depende del secretario de Hacienda, no solo en circunstancias excepcionales, sino en todas las fases ordinarias de su desarrollo”.

La consolidación económica del Estado porfiriano conllevó un proceso de centralización administrativa en la que el secretario determinaba tanto las partidas presupuestarias como el control y supervisión de todos los detalles administrativos en los ámbitos fiscal y bancario, siempre con el argumento de que la intervención estatal era en beneficio de la nación.

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Iliana Quintanar Zárate. Doctora en Historia por El Colegio de México y profesora titular de la División de Historia del CIDE. Su campo de estudio es la política económica y la banca durante el Porfiriato, así como las redes de crédito y negocios de la Nueva España y La Habana en el siglo XVIII. También se interesa por la historia digital y sus aplicaciones en el análisis económico y la docencia. Ha colaborado en revistas académicas y libros colectivos; su publicación más reciente es “El Estado porfiriano y la centralización administrativa (1892-1911)”, en María Eugenia Romero Sotelo (coord.), Una historia de la idea de nacionalismo en México: actores e instituciones (Facultad de Economía-UNAM, 2020).