Si se hacen a un lado los juicios que son resultado de la incomprensión de Juárez como hombre de su tiempo, hay que hablar aquí de las acusaciones de traición a la patria. ¿En qué consisten éstas? Se acusa a Juárez de haber solicitado al gobierno de los Estados Unidos un general yanqui que viniera a mandar a todo el ejército de la República mexicana; de haber ofrecido parte del territorio nacional a los Estados Unidos a cambio de su ayuda material en la lucha contra los conservadores y el Imperio de Maximiliano; de alentar que fuerzas de la marina de los Estados Unidos intervinieran directamente en nuestras contiendas internas, al capturar la escuadrilla fletada en La Habana por el gobierno de Miramón; y de haber firmado un tratado que convertiría a México, para todo fin práctico, en un protectorado o semicolonia de los Estados Unidos.
Los dos primeros cargos son absolutamente falsos y no tienen ningún sustento, fuera de la fértil imaginación de Francisco Bulnes y del encono de los enemigos conservadores de Juárez. La captura de la escuadrilla de Miramón ocurrió efectivamente y se desprende del Tratado McLane-Ocampo, firmado por el sabio liberal michoacano y ratificado por Benito Juárez. Las acusaciones de traición a la patria no tienen más sustento real que dicho tratado, el cual este artículo revisa con sumo cuidado, tanto para saber de qué se trata como para apreciar el sustento que tienen las acusaciones hechas a Juárez.
Un tratado decimonónico
El tratado McLane-Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859 entre Robert McLane, enviado especial del presidente Buchanan y Melchor Ocampo, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, consta de 11 artículos más dos convencionales. El artículo primero concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos derecho de tránsito a perpetuidad por el Itsmo de Tehuantepec; por el artículo tercero, el gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadunidenses que transitaran por el Istmo, salvo las dedicadas a consumirse en México; el artículo quinto especificaba que fuerza de los Estados unidos, “con el consentimiento o a petición” del gobierno de México; podrían ayudar a la defensa de los puertos y las rutas de dicho Istmo; “sin embargo, en caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república” para obrar en protección de aquéllos, sin previo consentimiento.
El artículo sexto concedía libre tránsito de tropas, abastos y pertrechos de guerra de los Estados Unidos por el Istmo de Tehuantepec y entre el Puerto de Guaymas y Nogales, Sonora, previo aviso a las autoridades mexicanas; el séptimo cedia a perpetuidad el derecho de paso entre las ciudades de Camargo o Matamoros, por la vía de Monterrey, hasta el Puerto de Mazatlán; finalmente, el artículo décimo estipulaba que a manera de compensación por las rentas que el gobierno mexicano perdería por semejante acuerdo recibiría cuatro millones de pesos, la mitad de los cuales se pagarían al firmar el tratado (dinero que efectivamente puso McLane en manos del gobierno mexicano).
En eso consiste el célebre tratado que nunca tuvo vigencia, pues no fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos. Su firma fue, como reconoce Fernando Iglesias Calderón, “Imprudente y desasertada”, pero sus estipulaciones “en modo alguno, pueden constituir una traición a la patria”. Según Iglesias Calderón, aunque de haberse ratificado sus consecuencias hubiesen sido muy lesivas para el país, de acuerdo con las leyes nacionales y el derecho internacional, el tratado no constituye traición a la patria, porque no pone en riesgo la soberanía ni la independencia nacionales ni cede palmo ninguno de territorio a otra soberanía: se limita (que no es poco, pero es otra cosa), a dar derecho de paso. Hay que considerar, además, añade el autor al que seguimos, que los tratados internacionales pueden ser denunciados en todo momento por cualesquiera de las partes firmantes.
Tal es, pues, el famoso tratado. Era pésimo, pero esa es la condición de la alianza con el fuerte. Y dadas las particulares condiciones internas de los Estados Unidos, en víperas de dividirse en una sangrienta guerra civil, el gobierno de Juárez obtuvo del tratado dos millones de pesos y la captura de la escuadrilla de Miramón sin dar nada a cambio, aunque eso no justifica su firma, que marca el punto más bajo de la vida pública de Benito Juárez y de sus compañeros.
Ahora bien: ese tratado, del todo semejante a otros que países de América Latina y Medio Oriente firmaron en esas épocas con las grandes potencias, marcaba el tipo de relación del débil con el fuerte. Las intrigas de Lerdo, que pretendía jugar con las profundas diferencias que separaban a los políticos estadunidenses, la prudencia de Ocampo, que redactó con extremo cuidado cada artículo y negó a McLane las dos exigencias fundamentales que traía éste en sus instrucciones, a saber, la cesión de la soberanía sobre el Istmo de Tehuantepec (como lo obtuvieron posteriormente en Panamá); y la cesión de la bahía Magdalena para la construcción de una base naval (como lo obtuvieron después en Guantánamo), en fin, la astucia empleada por nuestro gobierno no es justificación tampoco, sino una muestra más de debilidad, similar a la astucia empleada por Santa Anna durante la terrible guerra contra ese mismo enemigo, al eludir con falsas promesas el bloqueo de Veracruz y al solicitar armisticios para negociar cuando el ejército estaba a punto de colapsarse.
Con el Tratado McLane-Ocampo acaba el tiempo de la astucia y empieza el de la soberanía: nunca más los gobiernos liberales entraron en ese tipo de negociaciones, nunca más transigieron de esa manera ante las grandes potencias y, sobre todo, nunca hablaron de este tema, nunca lo defendieron.
Esta publicación es un fragmento del artículo “El Tratado McLane-Ocampo” del autor Pedro Salmerón, que se publicó íntegramente en la edición de Relatos e Historias en México, núm. 12: http://relatosehistorias.mx/la-coleccion/12-el-tratado-mclane-ocampo