En plena Guerra de Reforma y ejerciendo su presidencia de forma interina, Benito Juárez dio una estocada más al conservadurismo puro. “Por la independencia declarada de los negocios civiles del Estado, respecto de los eclesiásticos, ha cesado la delegación que el soberano había hecho al clero para que, con solo su intervención en el matrimonio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles”. Así, el matrimonio dejaba de corresponder a la pareja y a Dios. Ahora el Estado se reafirmaba como la institución que dictaminaba los derechos y obligaciones de las parejas. Desde luego, Juárez fue repudiado aún más por sus opositores.

Sin embargo, esta disposición fue menos polémica de lo que podríamos razonar en el siglo XXI, pues los usos y costumbres de una sociedad predominantemente católica no fueron rotos de forma radical. Los liberales no reinventaron los lazos matrimoniales. Por ejemplo, se indicó que el matrimonio solo podría efectuarse entre un hombre con una sola mujer; que sería un pacto indisoluble hasta la muerte de alguno de los cónyuges (con excepción de eventos extraordinarios, como crueldad o adulterio), y que el parentesco consanguíneo inmediato anularía la opción matrimonial.

A su vez, el acta de matrimonio “permanecerá fijada en los lugares públicos, a fin de que, llegando a noticia del mayor número posible de personas, cualquiera pueda denunciar los impedimentos que sepa tienen los que pretenden el matrimonio”, agregaba esta ley juarista. También señalaba que el matrimonio es “el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo”. Expresaba que correspondía a los hombres aportar el valor, fuerza, protección, alimento y dirección, mientras que la mujer otorgaría al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. Lejano estaba todavía el concepto de equidad que la sociedad exige hoy.

Con estas nuevas disposiciones, el gobierno juarista buscó además apoderarse legalmente de los libros y de toda la documentación concerniente para llevar el registro y control de este tipo de actos, administrando desde luego los generosos ingresos que hasta la fecha corresponden a la validación de este pacto. El registro civil, que ahora es totalmente común, adquirió relevancia jurídica y constituyó una de las aportaciones más sustanciales para lograr la laicidad en el seno del aparato estatal.

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