A mediados del siglo pasado, no eran pocas las voces que condenaban los niveles inaceptables que rozaba la moral de la sociedad mexicana. Los rumores alegaban que niños, jóvenes y adultos, por igual, denigraban su decencia al consumir publicaciones periódicas de “mala nota” o lascivas, así como al quedar expuestos a conductas libertinas que se exhibían en filmes nacionales y extranjeros, los cuales los alejaban de los verdaderos valores morales y el catolicismo que debían regir en sus vidas.

Ante tal escenario, Iglesia y Estado dejaban de lado los profundos problemas que tuvieron las décadas anteriores y encontraban puntos de convergencia en la intensa campaña contra la inmoralidad que estaban por emprender.

Aunque no se había sistematizado con tal vehemencia como ocurrió en el propio auge del alemanismo, la censura moral para el cine, la literatura e incluso la música y el teatro no era un tema nuevo en nuestro país. Iglesia y gobierno llevaban sus propias cruzadas desde antes; por ejemplo, en diciembre de 1933 surgió la Legión Mexicana de la Decencia a instancias de los Caballeros de Colón, cuyo objetivo era sanear el ambiente social incluso reprimiendo espectáculos y publicaciones, entre otras cosas, que pusieran en riesgo la moral y la decencia.

Otros casos sonados de ese tiempo fue la sugerencia de veto contra el compositor Agustín Lara, propuesto en 1934 durante el Congreso de Mujeres contra la Prostitución. La razón era que sus canciones exponían un “erotismo subido”, según documentara Carlos Monsiváis en su libro Amor perdido. En cuanto al arte de las tablas, Yerma del español Federico García Lorca y La danza de la muerte (o Danza macabra) del sueco August Strinberg fueron retiradas de la cartelera porque se decía que su crudeza rayaba en la inmoralidad.

Sabido es también que el encono de las buenas conciencias encontraba su nicho más sólido en las élites, por lo que los múltiples esfuerzos que se dieron al inicio de los años cincuenta para enderezar el camino de la sociedad moralmente corrompida contaron con recursos económicos y materiales suficientes, así como iniciativas, planes, redes, asociaciones, como la Comisión Nacional para la Moralización del Ambiente, y el liderazgo de figuras clave de la derecha mexicana, provenientes tanto de la Iglesia católica como de la cúpula política.

El gobierno también intentó imponer su fuerza jurídica desde la primavera de 1948 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando emitió un comunicado en el que anunciaba su adhesión a la campaña internacional para prestar “la mayor eficacia posible a la represión de la circulación y del tráfico de las publicaciones obscenas”, la cual sería aprobada meses después.

El 12 de junio de 1951, en el mismo DOF se daba a conocer el nuevo Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo Tocante a la Cultura y a la Educación, en vista de que algunos editores presentaban en sus panfletos “descripciones que ofenden al pudor, a la decencia y a las buenas costumbres, incitando sensualmente a la juventud y exponiéndola a los riesgos de una conducta incontinente y libertina”. Así, prohibía la circulación, exhibición y comercialización de “escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías u otros objetos que estimulen la excitación de malas pasiones o de la sensualidad”.

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