Ante la expedición de reconquista española de 1829, comandada por Isidro Barradas, Guerrero obtuvo facultades extraordinarias para enfrentarla. Sin embargo, la oposición lo acusó de hacer mal uso de ellas, pues “le abrieron el cajón” del dinero público sin cortapisas.

Los motines y asonadas, así como la expulsión de los españoles, habían alarmado a comerciantes y empresarios, pero Guerrero no pudo negarse a satisfacer las exigencias de aquellos que lo habían llevado a la presidencia. En ese contexto, una mañana, más de cuarenta señoras acompañadas de niños se presentaron de manera tumultuaria a las puertas de la Cámara de Diputados en Palacio Nacional. Eran esposas de españoles que venían a implorar con lágrimas clemencia a favor de sus maridos. El diputado Carlos María de Bustamante pidió que se les oyera como “el rango que nos corresponde en los pueblos civilizados”. Pero el llanto de mujeres y niños no fue suficiente para que se diera marcha atrás a dicha ley.

Por otra parte, noticias de agentes secretos en Madrid hacían que el mandatario estuviera a la defensiva, ya que los rumores de una invasión eran cada vez más insistentes. Pese a que Guerrero tenía oposición en el Congreso, el 6 de agosto de 1829 José Ignacio Basadre, diputado por Veracruz, hizo una moción en la Cámara para que se concedieran facultades extraordinarias al presidente por cinco meses, a fin de atender los ramos de Hacienda y Guerra. La proposición se oyó por gran parte de los legisladores con indignación. José María Tornel la impugnó vigorosamente y no fue admitida a discusión, aunque al final se le concederían por la situación de peligro que representaba el intento de reconquista española que lideró Isidro Barradas en septiembre de ese año.

Para conseguir fondos, el gobierno decretó la ocupación de propiedades de personas que vivieran en un país enemigo (España), de fincas de temporalidades y de un tercio de las rentas del duque de Monteleone; luego puso en rifa dichas posesiones. Por su parte, Hacienda estableció un fondo para gastos de guerra extraordinarios con aumento de impuestos y exigió constantes préstamos forzosos a empresarios y gente rica; todo bajo el argumento de la defensa de la nación.

En ese marco, Guerrero y Anastasio Bustamante entraron en desacuerdos porque al presidente no le gustaba que José Antonio Facio fuera con el vicepresidente a enfrentar a los españoles invasores. Bustamante le habló con decisión: “Si Facio no viene conmigo yo no marcho”. Guerrero tuvo que ceder, pero no supo el alacrán que se echó encima.

Durante la invasión se suscitaron varios ataques a casas y propiedades de españoles. En varios barrios de la capital hubo intentos de movimientos en los que la “canalla” gritaba “¡Mueran los gachupines!”. Quienes prendían la mecha eran yorquinos renombrados como Severiano Quesada y Anastasio Cerecero. Incluso el gobernador del Distrito Federal, autorizó al populacho a que cometiera toda clase de desórdenes con el pretexto de celebrar el triunfo de Santa Anna sobre el invasor Barradas. Durante las manifestaciones callejeras, la casa de Poinsett fue presa de la violencia y a pedradas le rompieron las ventanas.

Una de las más grandes acusaciones contra Guerrero fue que hizo mal uso de las facultades extraordinarias, las que “le abrieron el cajón” de los caudales sin ninguna cortapisa, y que cometió actos dictatoriales. Algunos diputados pedían que, como ya había pasado el peligro de la invasión, renunciara a ellas y que derogara los decretos de impuestos para el fondo de guerra que ni los estados habían aceptado.

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #148 impresa o digital:

El fusilamiento de Vicente Guerrero. Versión impresa.

El fusilamiento de Vicente Guerrero. Versión digital.

Recomendaciones del editor:

Si desea saber más sobre la vida y obra de Vicente Guerrero, héroe de la Independencia de México, dé clic en nuestra sección “Vicente Guerrero”. 

Javier Torres Medina. Doctor en Historia por El Colegio de México. Es profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y de la FES Acatlán de la UNAM. Sus investigaciones se han enfocado en la historia económica y política de México. Entre otras obras, ha publicado Centralismo y reorganización. La hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842 (Instituto Mora, 2013).