El diputado Carlos María de Bustamante propuso que se declarase loco a Guerrero, lo cual no se aceptó. Los hechos de su gobierno probarían una mala administración, pero no incapacidad moral ni una locura. La idea era declararlo imposibilitado argumentando varias razones, así el 1 de febrero de 1830 el Congreso decretó que el general Guerrero “tenía imposibilidad para gobernar la República”. Traicionado y amenazado, el antiguo insurgente buscó refugio en su región natal.

Ante la expedición de reconquista española de 1829, comandada por Isidro Barradas, Guerrero obtuvo facultades extraordinarias para enfrentarla. Sin embargo, la oposición lo acusó de hacer mal uso de ellas, pues “le abrieron el cajón” del dinero público sin cortapisas.

Guerrero acudió al ministro de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, en busca de recursos para continuar la guerra contra los que lo habían destituido, a cambio de “cumplirle la oferta que le hice de la venta de Texas luego que esté en posesión de la presidencia”.

El vicepresidente Anastasio Bustamante desconoció a Guerrero al unirse a los pronunciados bajo el Plan de Jalapa, en diciembre de 1829.

Después de la crisis electoral y el motín de la Acordada, y con el respaldo del Congreso nacional, el 1 de abril de 1829 Guerrero tomó posesión de la presidencia.

La importancia que para la historia política mexicana –concretamente para la historia de su emancipación con respecto de España– tiene el Plan de Iguala, suscrito por Agustín de Iturbide y luego jurado por las fuerzas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero, no se compadece con el conocimiento que de dicho documento tiene, ya no se diga el común de los mexicanos, vaya, ni siquiera la generalidad de especialistas nacionales en historia política o jurídica de la nación que precisamente nació a la vida independiente al tenor de lo dispuesto en aquel texto proclamado el 24 de febrero de 1821.