Durante la mayor parte del siglo XVI la economía del Nuevo Mundo estuvo dominada por la monarquía española a través del monopolio de exportaciones sevillanas. A finales de la centuria, en las capitales de los virreinatos americanos se formó una influyente clase de mercaderes mayoristas, quienes comercializaron y distribuyeron al interior del continente los productos más solicitados.

En el caso novohispano, los intereses y negocios de los comerciantes establecidos en Ciudad de México se ampliaron paulatinamente más allá de las fronteras del virreinato. Sus problemas pronto sobrepasaron la capacidad de resolución que les ofrecían la administración real y el Consulado de Sevilla. Por consiguiente, en 1580 los mercaderes de estas tierras iniciaron las gestiones ante Felipe II para establecer un consulado o gremio de comerciantes que tuviera facultad resolutoria para las cuestiones relativas al comercio de Nueva España.

En junio de 1592 el monarca, después de haber deliberado con el virrey Luis de Velasco, la Real Audiencia y el cabildo municipal de Ciudad de México, emitió la carta de fundación para el primer consulado de comerciantes del Nuevo Mundo, con sede en la capital novohispana. Dos años más tarde quedaron sentadas sus bases.

Su organización

Se estableció que los miembros de la corporación debían ser mayores de veinticinco años y residentes de Ciudad de México. En sus casas debían tener tienda de mercaderías asiáticas, españolas o europeas, siempre y cuando no fueran atendidas por ellos mismos; quedó prohibido el ingreso a extranjeros. Se nombraron un prior, dos cónsules y cinco consejeros para fungir como jueces del tribunal y representantes del colegio de mercaderes.

El rey otorgó facultad al prior y cónsules para que elaboraran las ordenanzas internas del Consulado a imagen y semejanza de su homólogo sevillano. Para 1603, el nuevo monarca Felipe III extendió formalmente sus ordenanzas y con ellas el título de Universidad de Mercaderes de México.

El representante de la Corona en el tribunal era el juez de alzadas que, además de fungir como observador, se hacía cargo de las apelaciones en contra de los fallos del tribunal. A diferencia de los consulados peninsulares, localizados en las lonjas (lugares donde se realizaban los tratos al por mayor), el juzgado del Consulado mexicano se ubicó en el Palacio Virreinal, con el fin de estar cerca de las autoridades reales.

Beneficios y funciones

El Consulado también tenía un escribano, un representante ante la Corte del rey y un agente en Sevilla. Estos elementos constituyeron los gastos más difíciles de solventar, pero fueron de gran utilidad para negociar demandas del grupo mercantil novohispano. A cambio de algunas concesiones, el rey obtuvo de la corporación crédito para aliviar los gastos de la monarquía.

Por su parte, para solventar su administración, el Consulado contó con la recaudación del impuesto de mar o avería, el cual se cobraba a los mercaderes en parte proporcional, de acuerdo con lo que llevaban en los barcos, para pagar los gastos de defensa de las flotas, tanto en armamento y soldados a bordo de los navíos, como en los galones de guerra que los protegían. Concedido por el monarca poco después de la fundación del Consulado, dicho impuesto equivalía al 0.2 por ciento sobre los artículos que entraban y salían del virreinato.

Como tribunal, el Consulado se encargó de los asuntos referentes al trato de mercaderías: compras, ventas, trueques, cuentas, cambios, seguros, compañías, fletamentos de recuas y navíos, letras, empréstitos, deudas, fraudes, quiebras, concursos de acreedores, así como los castigos e intereses de los contratos comerciales. La diversificación de las inversiones implicaba la participación no solo de mercaderes sino de factores, encomenderos, cargadores, dueños y maestres de navíos, barqueros y arrieros; bajo la competencia del juzgado del Consulado quedaban todos los que tuvieran diferencias con los miembros de la corporación.

Las valiosas alcabalas

La Universidad de Mercaderes en varias ocasiones otorgó a la Corona préstamos y donaciones para edificar la infraestructura defensiva del Nuevo Mundo y para aliviar las finanzas reales. A cambio recibió favores y concesiones como el cobro del impuesto de alcabala. Este fue el más importante para la Corona, ya que grababa los productos que se vendían en las ciudades; las autoridades y mercaderes de las urbes castellanas convenían en pagarlo por medio de una suma global, conocida como encabezonamiento.

En Nueva España, la aplicación de la alcabala fue realizada en enero de 1575, durante el gobierno del virrey Martín Enríquez de Almanza, y equivalía al dos por ciento sobre el valor de los productos. Originalmente el impuesto se le encargó a la Real Hacienda y estaban excluidos del pago los géneros propios de la Nueva España explotados por los indígenas y los productos de los eclesiásticos que no hubieran sido vendidos o cambiados por medio de negociación; además, los granos destinados al consumo de ciudades y villas, el pan, los caballos, libros, metales y materiales destinados para labrar moneda, herencias y armas quedaron libres de ese tributo.

De 1596 a 1600 la alcabala fue administrada por la Real Hacienda y recaudó en promedio 105 500 pesos por año en todo el territorio virreinal. Sin embargo, para beneficio de la ciudad de Puebla, en 1587 su consejo municipal presentó la propuesta al virrey Álvaro Manrique de Zúñiga para que se le concediera la recaudación o encabezonamiento de la alcabala a cambio de una cifra equivalente entregada en efectivo. El cabildo de Ciudad de México, apoyado por el Consulado, hizo la misma petición entre 1593 y 1594.

Debido a los elevados costos de la recaudación, la corrupción de los funcionarios y el tentador pago que ofrecían los cabildos novohispanos, el rey aprobó el encabezonamiento de las alcabalas del virreinato. A partir de 1601, a cambio de 24 000 pesos anuales, el cabildo poblano recaudó la alcabala durante once años. En 1602, el de México arrendó el cabezón alcabalatorio a cambio de 77 000 pesos por doce meses. El de Zacatecas obtuvo la misma concesión, un lustro después, a cambio del pago de 4 000 pesos por año.

La alcabala se convirtió en un recurso útil para controlar el comercio y la política en el virreinato. El consejo municipal de la capital novohispana subarrendó al Consulado, desde los primeros dos encabezonamientos (de 1602 a 1616 y de 1617 a 1631), la mayor parte de la recaudación, con el argumento de que la corporación mercantil estaba más calificada para ello. 

Esta publicación sólo es un extracto del artículo "Los poderosos mercaderes" del autor Miguel Ángel Aguilar Ojeda, que se publicó íntegramente en Relatos e Historias en México, número 108.