La gota que derramó el vaso del malestar acumulado en Nueva España, por las frecuentes exigencias de donativos y préstamos al rey destinados a financiar las guerras en Europa, fue la Consolidación de Vales Reales, un verdadero saqueo económico que causó daños irreversibles y enorme descontento. Su mayor repercusión fue visible entre 1808 y 1810.

Tradicionalmente se han aducido factores políticos e ideológicos como causas del movimiento de independencia de Nueva España (1810). Y, sin duda, las ideas libertarias que se estaban gestando a raíz de la independencia de los Estados Unidos (1776) y la Revolución francesa (1789), así como la invasión de España por Napoleón Bonaparte (1808), influyeron en que diferentes sectores de la sociedad, que antes habían sido partidarios del Imperio español, de la Corona y del rey, idearan nuevas formas de organización política.

Sin embargo, poco se ha considerado el impacto que causaron en Nueva España las medidas económicas mediante las cuales se financió el erario español, entre las que estuvieron el aumento de impuestos y de tributos (para los indios), la incautación de dinero correspondiente a capitales de difuntos y envíos de remesas a la metrópoli, y la solicitud de préstamos y donativos forzosos. Así, por ejemplo, entre 1782 y 1811, el Consulado de Comerciantes remitió a España 14,084,000 pesos, y el Tribunal de Minería 8,350,000 pesos, cantidades que nunca fueron devueltas y sobre las cuales no se pagaron los intereses correspondientes.

Los novohispanos contribuyeron al sostenimiento de la monarquía, que se encontraba en graves aprietos económicos, por fidelidad al rey y porque temían caer en manos de una potencia extranjera. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la Corona extendió la Consolidación de Vales Reales a América. Lo que inicialmente fue una medida desamortizadora, para respaldar el número excesivo de vales reales que estaba en circulación, ahora serviría para financiar una nueva guerra con Inglaterra y pagar mensualmente seis millones de libras (equivalentes a 13,538,461 pesos) a Napoleón Bonaparte, por la firma secreta del Tratado de Suministros (1803) con Francia, para que España quedara exenta de la obligación de participar en su guerra contra Inglaterra.

El Real Decreto de Consolidación, emitido el 28 de noviembre de 1804, implicaba la enajenación y venta de los inmuebles y capitales de inversión de las catedrales, parroquias, conventos masculinos y femeninos, cofradías, hospitales y colegios, así como de las fundaciones religiosas, tales como capellanías de misas y obras pías. Las instituciones y fundaciones estaban obligadas a entregar las cantidades de dinero líquido que poseían y poner a disposición sus inmuebles, para que estos se vendieran y el dinero recabado se mandara a España. Solo quedaban exentos de la medida los bienes patrimoniales de las instituciones y aquellos que ocupaban para su funcionamiento; por ejemplo, los templos y conventos.

Los capitales pertenecientes a las instituciones afectadas que se encontraran en manos de terceros, porque habían sido cedidos a estos mediante préstamos, y cuyos contratos estuvieran vencidos, debían pagarse de inmediato, no a los prestamistas que se los habían otorgado, sino directamente en las cajas de Consolidación instaladas para ello. Si los deudores no estaban en condiciones de hacerlo, la Consolidación iría en contra de los fiadores y/o incautaría los bienes raíces que garantizaban los adeudos.

La medida causó gran preocupación entre las personas económicamente activas, ya que la mayoría tenía adeudos fuertes con las instituciones implicadas (con contratos ya vencidos), y temía perder sus casas, negocios y propiedades rurales. Así, con la intención de frenar la aplicación de la Consolidación, diversos grupos de agricultores, comerciantes, mineros y pequeños propietarios se unieron y enviaron “representaciones dirigidas al rey”, en las cuales expusieron las nefastas consecuencias económicas, sociales y políticas que vislumbraban.

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