Después de la crisis electoral y el motín de la Acordada, y con el respaldo del Congreso nacional, el 1 de abril de 1829 Guerrero tomó posesión de la presidencia.

La presidencia de Guadalupe Victoria no resultó lo que esperaban los diferentes grupos políticos, cuya percepción negativa vino a agravarse con la postura del mandatario en las elecciones de septiembre de 1828, en las que los principales contrincantes eran Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante. Un gran divisionismo se perfilaba antes de las votaciones, así como una creciente polarización y enfrentamientos.

Aparte, como leña al fuego de la crisis del gobierno de Victoria habían caído los decretos de diciembre de 1827 con los que se dictaba la expulsión de los españoles del país, a quienes se les achacaba estar inmiscuidos en posibles ataques a la República e intentos de reconquista. Sin embargo, muchos de ellos estaban casados con mexicanas y tenían hijos también mexicanos. Algunos sectores de la élite se sintieron agredidos por esta medida: “abandonan a México las familias honradas, ilustradas, religiosas y ricas, y nos dejan hundidos en la miseria”. Las críticas al gobierno que “mata a los hombres a sangre fría, que holla la Constitución, que desprecia las leyes”, fueron el marco de la elección presidencial, que se preveía poco tersa y con muchos problemas, y en la que resultaría ganador Manuel Gómez Pedraza, lo que provocaría el alzamiento armado de Vicente Guerrero.

Hacía tiempo que crispación política y connatos de violencia era lo que se veía en la República. La misma administración de Victoria contribuyó a ello, permitiendo actos que fueron reprobados por algunos sectores sociales, como los ocurridos con el objetivo de imponer a Guerrero en la presidencia a finales de ese mismo 1828: el motín en la cárcel de la Acordada y el asalto al mercado del Parián, uno de los negocios más importantes de la ciudad capital. Esas acciones promovidas por la “canalla”, auspiciadas por importantes yorquinos como Lorenzo de Zavala y otros militares como el mulato José María Lobato, y en las que se involucraba directamente a Guerrero, dejaron muy mala impresión en la forma en que se gobernaba, pues el incumplimiento de la ley y la anarquía era lo que se resaltaba de la administración.

Las movilizaciones sociales, los motines populares, “las clases ínfimas insolentadas” que cometían toda clase de robos y asaltos, eran producto –se decía– del manejo que hacía el gobierno de Victoria de las clases populares para crear inestabilidad y así impulsar sus objetivos. Se acusaba al ministro de Estados Unidos e impulsor de la logia yorquina, Joel R. Poinsett, de seducir con muchas monedas en mano y hartos jarros de chínguere a las masas populares para que aclamaran y lanzaran vivas a ciertos personajes políticos o incluso para darse al saqueo y al hurto, además de haber remitido, en septiembre de ese año, 330 pesos a Veracruz con orden de llevarlos a Perote para apoyar a Guerrero, ya respaldado por Santa Anna, en su levantamiento.

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Javier Torres Medina. Doctor en Historia por El Colegio de México. Es profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y de la FES Acatlán de la UNAM. Sus investigaciones se han enfocado en la historia económica y política de México. Entre otras obras, ha publicado Centralismo y reorganización. La hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842 (Instituto Mora, 2013).