Dotar a los escolares de materiales educativos fue una misión constantemente fallida en la historia del México independiente. Varios fueron los problemas, partiendo desde la misma estabilidad del Estado hasta los debatibles costos de impresión y aportaciones cultural, pedagógica e incluso ideológica.

Otro inconveniente era la crítica de los editores hacia una intromisión estatal. Las más importantes imprentas nacionales y extranjeras obtenían ganancias del mercado de libros escolares, y varias voces autorizadas –como la de Justo Sierra– solían obtener buenos ingresos como autores de estas empresas. Había la convicción de que la famosa oferta y demanda también beneficiaba a los contenidos, y la entidad educativa o el usuario final elegiría sabiamente el tipo de material que requería.

Sin embargo, a mediados de la década de 1950 se desataron debates respecto a la volatilidad de los precios de los libros y surgieron ideas para abaratarlos, las cuales implicaban la intervención del Estado para que la ganancia de los editores y los precios fueran razonables o, incluso, aprovechar las grandes imprentas del gobierno en su producción.

Esta discusión fue racionalizada por el presidente Adolfo López Mateos: la educación estaba fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos. Con ello en mente, en 1959 decretó la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria. Además, se apegó constitucionalmente al deber de proporcionar una educación obligatoria y gratuita. Las virtudes y problemáticas de que los libros fueran gratuitos, únicos y obligatorios significaban que el Estado no tendría distinciones entre la niñez de escuelas públicas y privadas, pero también que profesores e instituciones no podrían solicitar textos no pertenecientes al catálogo oficial.

Esta unificación de contenidos, junto al monopolio de su producción y distribución por parte del Estado, fue tomada por un sector de la sociedad como autoritarismo, un derroche innecesario de recursos e incluso como un acto de “barbarie comunista”. Sin embargo, no se dio marcha atrás y se logró una proeza que nunca se había visto: llevar libros gratuitos a todos los rincones de nuestro país, incluso a aquellos con condiciones de aislamiento extremo. El resultado se reflejó, por ejemplo y de acuerdo con el Inegi, en pasar de un índice de analfabetismo de 42.6% en 1950, a uno del 25.8% en 1970.

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