Luego de tres años de estar al frente de la comandancia de Guanajuato, a Iturbide se le señaló por una serie de malos manejos.
Por otra parte, está el caso de Agustín de Iturbide, comandante de la provincia de Guanajuato. Este criollo que surgió de las milicias de Valladolid, su ciudad natal, fue escalando militarmente desde el inicio de la guerra. En 1813 fue puesto en dicho cargo por el jefe político superior de Nueva España, Félix Calleja, quien tenía apenas unas semanas de haber asumido como tal.
Luego de tres años de estar al frente de esa comandancia, a Iturbide se le señaló por una serie de malos manejos, entre los que estaban el enriquecimiento ilegal, ser excesivamente violento y cruel, así como abusar de su mando militar. Y aunque había tenido mucho éxito en su lucha contra los rebeldes, todo cambió el 31 de enero de 1816, cuando el virrey Calleja le recriminó en una carta reservada los “continuos clamores” de la gente de Guanajuato, y lo llamó a la capital novohispana en abril siguiente para que rindiera cuentas.
El cura de Guanajuato, Antonio Labarrieta, condensó en un informe al virrey las acusaciones que se le imputaron al coronel. El clérigo señaló que las fuerzas de Iturbide habían saqueado las haciendas de Copal, Mendoza y el Molino; que había monopolizado el comercio del azúcar, la lana, el aceite y los cigarros, mediante la detención de los convoyes que llevaban los productos de otros vendedores para introducir los suyos e incrementar su precio; que actuaba despóticamente ante los cabildos de León, Silao y Guanajuato; que publicaba leyes sin autoridad y que había extraído de las cajas reales alrededor de tres millones de pesos. Según el informe, era el peor infortunio de la provincia; incluso lo llamaba “Pigmaleón [sic] de la América” y presumía que había hecho más insurgentes con sus manejos que los que había destruido con las armas.
En respuesta a tales acusaciones, Iturbide se defendió en una extensa misiva enviada a Calleja y fechada el 14 de agosto de 1816; además le hizo llegar su hoja de servicios. Pero, a pesar de que el virrey lo eximió de manera pública el 12 de septiembre, sucedió lo peor que Iturbide hubiera podido imaginar: Calleja fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca y el coronel se quedó sin su protector principal.
La llegada del virrey Apodaca hizo que la exoneración que Calleja había dado a Iturbide se cambiara por la destitución oficial de su cargo militar. Y aunque en el papel éste ya estaba absuelto, pues la Ordenanza militar mandaba que “en caso de salir absuelto el reo, o reos procesados, se hará pública en todas las provincias la declaración de su inocencia, para indemnización de su opinión” (absolución que Calleja publicó en la Gaceta de México), la realidad fue otra.
Podría pensarse que la política que tenía planeada imponer el nuevo virrey era menos agresiva que la de su predecesor y que por ello se alejó de figuras que causaban tanta polémica y mala imagen, como Iturbide. También se puede presumir que Calleja era algo más que condescendiente con sus subalternos, por lo que no luce tan descabellada la afirmación del cura Labarrieta, quien aseguraba en su informe que Iturbide tenía “protectores de alta jerarquía interesados en sus aprovechamientos”, refiriéndose sin duda a Calleja y al auditor de Guerra, Miguel Bataller, quien a la vez era padrino de Iturbide. Incluso, el propio oficial criollo, en la serie de impugnaciones posteriores que hizo, se escudaría ante Calleja señalando que éste tenía “el debido conocimiento” sobre todas “las medidas que he tomado” y, por lo tanto, también era en parte responsabilidad suya. En caso de ser culpable Iturbide, el exvirrey compartía esa carga.
Esta publicación es un fragmento del artículo “El Pigmalión de la América” del autor Joaquín E. Espinosa Aguirre.
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