El 4 de julio de 1776, las Trece Colonias de Norteamérica reclamaron su independencia. En el Congreso Continental de Filadelfia resolvieron: “Estas Colonias Unidas son, y por derecho deben ser, Estados libres e independientes, que están exentos de toda lealtad a la Corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el Estado de Gran Bretaña está, y debería estar, totalmente disuelta”.

Ninguna revolución social es perfecta. Puede ser iniciada por un simple pretexto de alguna minoría cercana al poder o por un reclamo generalizado de la población que anhela un cambio en las condiciones del trato entre los diversos estratos presentes en la convivencia diaria. Puede ser también fomentada desde afuera o ideada por los mismos protagonistas.

En ese sentido, los Estados Unidos de América inician un proceso de desvinculación forzada con Europa. Esto no tiene que verse como un hecho aislado de circunstancias británicas, sino como un fenómeno que terminará siendo apropiado en las siguientes décadas por el resto del continente, imitando un modelo de gobierno que Europa apenas creerá posible tras la Revolución francesa de 1789 y aun así con diferentes y sangrientos procesos para su establecimiento continental.

Pero esta primera separación no fue posible sin protagonistas de las otras colonias, específicamente la novohispana. El apoyo a los nacientes Estados Unidos fue sólido en dinero, armas y víveres amparados por la Corona española. El virrey Bernardo de Gálvez presionó incluso militarmente a los británicos que pronto vieron perdida su ventaja militar.

Sin proponérselo, España misma desencadenaría un documento de aceptación universal en el sentido de “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad”.

Sin duda, este representó un primer paso en la transformación del contrato social occidental.