Los casos de los oficiales Agustín de Iturbide y Torcuato Trujillo muestran una cara poco conocida sobre la práctica de la justicia en el virreinato de la Nueva España y los abusos de los comandantes realistas durante la revolución de independencia.

Durante la Guerra de Independencia, el gobierno de Nueva España tuvo que ensayar variados mecanismos para hacerle frente al levantamiento que encabezó desde el Bajío el cura Miguel Hidalgo en 1810. Muchas de estas providencias fueron tomadas de manera precipitada y denotan la gran inexperiencia de las autoridades para encarar este tipo de contingencias. Entre ellas están las atribuciones casi ilimitadas que concedieron el virrey Francisco Javier Venegas y sus sucesores a los comandantes realistas para que, del modo que consideraran más conveniente, pusieran fin a la revolución, aunque ello produjo un efecto indeseado: que los militares cometieran abusos y excesos contra la población.

El temor de que el movimiento insurgente se expandiera por todo el reino hizo que las autoridades virreinales permitieran que algunos comandantes regionales, para el mejor desempeño de su función militar, ostentaran también atribuciones políticas y administrativas. Esta fusión de mandos provocó, en muchas ocasiones, arbitrariedades por parte de algunos de ellos, quienes se apoderaron de las regiones que comandaban al abrigo de la libertad que habían conseguido del virrey.

Los casos más sonados fueron los de Torcuato Trujillo en Valladolid (hoy Morelia) y Agustín de Iturbide en Guanajuato. Hubo prueba de sus actividades ilícitas y seguramente por ello fueron destituidos de sus cargos.

Esta publicación es un fragmento del artículo “Ángeles exterminadores” del autor Joaquín E. Espinosa Aguirre. Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #93 impresa o digital:

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