Una gran problemática para la gobernabilidad es que se juzgue como ilegítima la permanencia en el poder. En el caso de Benito Juárez, sus detractores manifestaron esta inconformidad desde que asumió el cargo de presidente de la República, tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1857, debido a que la Constitución preveía la asunción del presidente de la Suprema Corte de Justicia –que era Juárez– del cargo del Ejecutivo federal en caso de la ausencia del mandatario y de la imposibilidad de realizar elecciones en situaciones de emergencia nacional, como fue la guerra civil.
Concluida la guerra, Juárez era aún presidente legítimo, pero tras ser restablecida la paz, en 1861 el Congreso convocó a elecciones ordinarias. Durante los años posteriores se construyó la narrativa de que su larga estadía en la presidencia fue respaldada por una falsa democracia.
Se debe puntualizar que la primera candidatura de Juárez fue bajo la Ley Orgánica Electoral de febrero de 1857, que limitaba el voto a electores, un sistema representativo quizá difícil de entender en la democracia contemporánea. En él, los ayuntamientos dividían sus municipios en secciones, donde cada quinientos habitantes elegían un elector. Después, estos electores se citaban en los distritos electorales representativos de 40,000 habitantes o fracciones mayores a 20,000. Ahí votaban por un diputado propietario y uno suplente estatal. Posteriormente emitían el voto para el presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia.
Bajo esa modalidad, se pueden criticar los requisitos que debían reunir los electores, como “cumplir con un modo honesto de vivir”, traducido a probar una solvencia económica, y que se confirmara el voto emitido en voz baja ante un escrutador, situación que dejaba en evidencia al votante. De cualquier forma, en la época había igual de suspicaces sistemas electorales alrededor del mundo; todos, con una evidente limitación tecnológica para recolectar y contabilizar los votos.
De los 15,000 electores calculados en el padrón, se recibieron 9,636. De ellos, 5,161 favorables a Juárez, mientras que sus más cercanos perseguidores obtuvieron 2,700 y 1,800 en las manos de Miguel Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega, respectivamente.
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