El diputado Carlos María de Bustamante propuso que se declarase loco a Guerrero, lo cual no se aceptó. Los hechos de su gobierno probarían una mala administración, pero no incapacidad moral ni una locura. La idea era declararlo imposibilitado argumentando varias razones, así el 1 de febrero de 1830 el Congreso decretó que el general Guerrero “tenía imposibilidad para gobernar la República”. Traicionado y amenazado, el antiguo insurgente buscó refugio en su región natal.

Para darle formalidad legal al derrocamiento de Guerrero, el senador Antonio Pacheco Leal planteó la idea de declarar que tenía una imposibilidad moral para dirigir la presidencia. Se decía que la propuesta no tenía un tono denigrativo, pues se “procedía no por animosidad –según el Senado– ni odio personal, sino por fuerza de un deber sagrado y deseo de conservar la República”.

Guerrero se había ido a su tierra natal y desde ahí expresó su defensa de la libertad de la patria, la soberanía de los estados y el respeto a las instituciones. Se llamaba el “último súbdito de la nación”. Sin embargo, el Senado no tomó en cuenta esto y discutió su incapacidad para gobernar, aunque también se buscaba declarar nula su elección, la cual se veía como producto del motín de la Acordada y del pronunciamiento de Santa Anna en Perote en contra de Gómez Pedraza.

El 18 de enero, el Senado acordó por 22 votos contra 3 que el general Guerrero “tiene imposibilidad moral para gobernar la República”. En la Cámara de Diputados se acordó quitar la palabra moral, ya que podía resultar peligroso establecer un antecedente de ese tipo; además, si se declaraba nula la elección, también lo sería la de Anastasio Bustamante.

Para salvar el problema, el diputado Carlos María de Bustamante propuso que se declarase loco a Guerrero, lo cual no se aceptó. Los hechos de su gobierno probarían una mala administración, pero no incapacidad moral ni una locura. La idea era declararlo imposibilitado argumentando varias razones, como la usurpación de facultades extraordinarias, haber apoyado al movimiento de Perote y obrado en contra de la Constitución. Por esas “infracciones al pacto social fue elevado a la presidencia y por consiguiente su nombramiento es nulo”.

Esto no quería decir que la presidencia legítima recayera en Gómez Pedraza –enfatizaron los legisladores–, ya que este no reunió los votos de la mayoría de las legislaturas y además habría necesitado la calificación de la Cámara de Diputados el 1 de enero de 1829. De la misma manera, declararon que el único poder legal y legítimo recaía en Anastasio Bustamante. De esta forma, Guerrero seguía siendo el presidente, pero quedaba “imposibilitado” para gobernar, mientras que Bustamante continuaba como vicepresidente, aunque encargado del Ejecutivo.

En cuanto al nombramiento de Bocanegra, el Congreso no tenía por qué reconocerlo, pues Guerrero no había obtenido permiso para salir a ponerse al frente del ejército. Por lo tanto, el gobierno establecido el 23 de diciembre de 1829 era legítimo debido a las condiciones extraordinarias. El 1 de febrero, el decreto enunció que el “general Vicente Guerrero tenía imposibilidad para gobernar la República”, sin ninguna aclaración.

Se había colocado a Guerrero fuera de la ley, aunque había prensa y panfletos que afirmaban que él era el presidente legítimo y cuestionaban su separación del cargo. El 19 de junio de 1830 apareció el papel intitulado Gaceta extraordinaria y derrota de las tropas del gobierno en Acapulco por el general Guerrero, y otro más que cuestionaba a la administración de Bustamante: “¿Es falso por ventura que se destituyó al presidente Guerrero por negro e insurgente, para colocar en la silla destinada a este héroe, a un antiguo defensor de los pretendidos derechos de Fernando VII? ¿No es cierto también que a pretexto de proteger la Constitución y las leyes, han sido holladas éstas?”.

De esta manera, la representación nacional impugnó la decisión de Guerrero de alzarse y, con una vuelta de timón, lo puso fuera de la ley, como enemigo de las instituciones y de la Constitución. El camino al ajusticiamiento estaba abierto.

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Javier Torres Medina. Doctor en Historia por El Colegio de México. Es profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y de la FES Acatlán de la UNAM. Sus investigaciones se han enfocado en la historia económica y política de México. Entre otras obras, ha publicado Centralismo y reorganización. La hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842 (Instituto Mora, 2013).