La adquisición de la infraestructura privada permitió al gobierno expandir la red eléctrica hacia áreas rurales mientras reforzaba entre la población la idea de un régimen que no olvidaba el sentido social y nacionalista de la revolución iniciada en 1910.
Durante el Porfiriato (1876-1911), los primeros sistemas de suministro de energía eléctrica no fueron desarrollados por el Estado, sino por empresas privadas a las que el gobierno procuró apoyar en lo legal, sin inmiscuirse en la realización de los proyectos. Y como en otros negocios, el presidente Porfirio Díaz procuró un equilibrio para que los inversionistas no pertenecieran a una sola nación.
Para la década de 1920, tres grandes empresas sostenían la mayor parte del sistema eléctrico nacional: The Mexican Light and Power Company, de capital canadiense, la cual desarrolló el complejo eléctrico de Necaxa; The American and Foreign Power Company, estadounidense y asentada principalmente en el norte del país, y la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala, propiedad de empresarios nacionales que operaban en Jalisco.
Centradas en las principales urbes del país, las empresas que encabezaban ese modelo limitaron su expansión a otros mercados dada la incertidumbre de recuperar la inversión, por lo que en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mejor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, para 1960 medio país todavía carecía de energía eléctrica y los sistemas de generación y transmisión privados eran diversos e incompatibles, por lo que la idea de una red nacional parecía distante. Entonces el presidente Adolfo López Mateos jugó de su baraja el todavía útil naipe revolucionario y el 27 de septiembre de 1960 decretó la nacionalización de la industria eléctrica, amparado en la utilidad pública y la propiedad del Estado sobre los recursos del territorio.
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La industria eléctrica es nacionalizada