El 26 de marzo de 1878 el periodista Enrique Chávarri, quien firmaba como Juvenal, escribió en el periódico El Monitor Republicano que el clamor por la falta de agua se escuchaba en toda la Ciudad de México. Juvenal señaló que los manantiales que la surtían habían disminuido por la tala desmesurada de árboles ocurrida desde años atrás. También argumentó que el agua llegaba solo a algunas casas y a otras no, de manera poco equitativa, e incluso había algunas personas que se la apropiaban alegando tener derechos.

Así, decía, “en todo el acueducto, desde el Desierto, los Leones y Santa Fe, se extrae el agua para riegos furtivos y porque las fábricas a quienes sirve de motriz la desperdician y ensucian por derechos otorgados en diversas administraciones del general Santa Anna, con el pretexto de proteger la industria”. Además, los arcos de Belén y los de Chapultepec estaban llenos de grietas por donde se escapaba el agua, las cañerías estaban oxidadas o rotas y el pozo artesiano que se había abierto en la Condesa había rebajado el caudal del venero de Chapultepec.

De acuerdo con el naturalista Antonio Peñafiel, quien escribió el libro Memoria sobre las aguas potables de la capital de México, el agua llegaba a la ciudad de diferentes fuentes: de uno de los manantiales de Chapultepec, la alberca chica, porque el otro, llamado la alberca grande, tenía dueño y era utilizado como balneario; de las fuentes de Santa Fe, cuya agua era conducida “a través de cerros perforados y por altos puentes echados sobre profundos abismos”; del Desierto de los Leones que, junto con la de Santa Fe, llegaba por el acueducto de San Cosme, y la proveniente de las montañas situadas al occidente de Los Remedios, que llegaba por la ciudad de Guadalupe Hidalgo.

También había pozos artesianos perforados en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en el suroeste, y pozos poco profundos que algunas personas usaban para el aseo de las habitaciones, el riego de la calle y el lavado de la ropa. Asimismo, Peñafiel consideró el agua del canal de la Viga, con la que se enjuagaban las legumbres que ingresaban a los mercados, y el agua encharcada de las acequias, aprovechada por algunas personas pobres para lavar la ropa.

Debate en los periódicos
La situación era crítica, pues el ayuntamiento de la capital no contaba con los recursos suficientes para hacer todos los arreglos que se requerían y poner tuberías en todas las colonias de la ciudad, pues varias carecían de este servicio.

De manera que el 5 de marzo de 1880 se publicó en varios periódicos una solicitud en la que se pedía a los pequeños y grandes capitalistas de la ciudad un préstamo. El plan era emitir mil acciones de quinientos pesos cada una para ser pagados con un rédito de 1% mensual. El dinero se emplearía íntegramente para mejorar y ampliar las tuberías, lo que sería benéfico para toda la ciudadanía. Sin embargo, la propuesta no tuvo seguidores, por lo que dos empresarios, Salvador Malo y Carlos Medina, ofrecieron hacer los trabajos y tomar en sus manos el manejo total de agua, con todas sus ganancias y toda su problemática.

Debe señalarse que los empresarios eran dueños ni más ni menos que de la alberca grande de Chapultepec. El trato era que el ayuntamiento de la Ciudad de México les entregara los útiles, maquinarias, tuberías y enseres que se tenían para la distribución del líquido en ese momento; a cambio, los empresarios darían al gobierno de la capital 43,000 pesos anuales durante veinte años, y 60,000 los siguientes hasta cumplir con un plazo de cuarenta, al final de los cuales devolverían la maquinaria y los enseres. Los contratistas se comprometían, además, a establecer doce fuentes públicas nuevas, dotadas con una merced de agua cada una, en los lugares que se les designara.

En los periódicos se llevó a cabo un debate porque había quienes consideraban que el contrato era necesario y quienes pensaron que era ominoso. El regidor de aguas del ayuntamiento, el ingeniero José María Rego, por ejemplo, publicó en el periódico El Tiempo (31 de diciembre de 1884) que los contratistas no habían dado los datos científicos necesarios como para considerar benéfica la obra. Además, señalaba que el costo de siete centavos por metro cúbico era muy elevado y que los empresarios exageraban el número de calles en las que todavía faltaba el agua en la ciudad.

Asimismo, el 13 de septiembre de 1884 El Monitor Republicano publicó que se habían echado a andar dos máquinas en la alberca de Chapultepec para elevar el agua y mejorar su distribución y que habían tenido mucho éxito, pues ya se disponía de un gran caudal en toda la ciudad. Que esto debía llevar a considerar el “nocivo, absurdo y escandaloso” contrato con los señores Malo y Medina, pues ellos se apropiarían de toda el agua a cambio de poner solamente siete mil pajas más, lo que resultaba una cantidad ínfima.

Por otra parte, en el periódico La Patria una comisión del ayuntamiento explicó sus razones para considerar nocivo el contrato que pretendía hacerse por cuarenta años y señalaba que el municipio tendría que ver durante ese largo tiempo que el primer elemento de vida de la población estaría en manos mercenarias y que no podría tener control sobre los precios; que el abastecimiento de aguas debía ser un servicio y no un ramo de especulación.

Sin embargo, había quienes defendían el proyecto. En El Diario del Hogar del 3 de febrero de 1885 se decía que iban a “tratar de despejar la atmósfera de pasión con que se ha rodeado este ruidoso asunto”. Que en concreto había una u otra de las siguientes situaciones: o la capital tenía el agua suficiente para cubrir todas las necesidades de los habitantes y entonces no era necesario el contrato, o bien, no la tenía y entonces había que revisar si el trato era satisfactorio para todas las partes.

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