Después de tantos años sigue doliendo la muerte de Vicente Guerrero. Su asesinato en Oaxaca en febrero de 1831. La impunidad otorgada a los conspiradores del gabinete y la falta de dignidad del Congreso y los magistrados.
Para la sucesión presidencial de 1828, y por medio de elecciones indirectas, cada congreso local de los 19 estados votó por dos candidatos a la presidencia. La mayoría la obtuvo el general Gómez Pedraza, con once votos y a Vicente Guerrero le dieron nueve. Ambos eran del mismo “partido”, el yorkino, pero Guerrero era conocido como heredero de las ideas de Morelos, mientras que Gómez Pedraza, ex realista, por su afinidad con el ala moderada. Anastasio Bustamante, el candidato de los conservadores, del “partido” escocés, cuyo líder era el ex insurgente Nicolás Bravo, quedó fuera de la jugada al haber obtenido seis votos.
Guerrero pudo haber sido el vicepresidente, pero antes del cambio de gobierno una avalancha de acontecimientos desarreglaron las cosas aún más de lo que estaban: el general Santa Anna se rebeló en Jalapa contra los resultados, y en la capital encontró apoyo en los cañonazos del ejército dirigido por Lorenzo Zavala y José María Lobato, desde el cuartel de La Acordada y en el saqueo popular del principal centro comercial y de negocios de los españoles, el Parián.
Guerrero fue aclamado como caudillo popular y Gómez Pedraza renunció a su triunfo y salió al exilio. En enero de 1829, el Congreso declaró presidente al general Guerrero, quien ocupó el cargo a partir de abril con Anastasio Bustamante, del partido conservador, como vicepresidente.
Ese fue un año terrible para el gobierno: a los graves problemas económicos, se agregaron el intento de reconquista española en Tampico y, en diciembre, la rebelión del vicepresidente con las tropas de Veracruz. Ese mismo mes el Congreso autorizó a Guerrero para salir a combatir la rebelión, pero la defección del cuartel de la ciudad de México aceleró las cosas y el Congreso cambió de opinión: en febrero de 1830 decidió que Vicente Guerrero estaba “imposibilitado para gobernar la República” y entregó la presidencia a Bustamante. Una tras otra, las actitudes timoratas de un Congreso dócil a los militares ambiciosos condujeron al absurdo de legalizar el golpe de estado y perseguir al Presidente de la República por rebelión contra el gobierno (Y si Guerrero no era presidente, Bustamante tampoco era vicepresidente).
Esa colusión de facto de los conservadores con las clases altas fue la que impidió que quienes conspiraron, arrestaron y fusilaron a Guerrero nunca fueran juzgados penalmente.
Esta publicación es un fragmento del artículo "Magnicidio en Oaxaca" de Alberto Sánchez Hernández y se publicó íntegramente en Relatos e Historias en México, núm. 18.