El periodo gubernamental de Victoriano Huerta ha sido escasamente estudiado. Los acercamientos que se han hecho –como ya lo ha señalado Michael Meyer– generalmente se traducen en posiciones maniqueas que rechazan a priori esa etapa en su conjunto. Sin duda alguna, esta actitud debe desaparecer entre los historiadores, sobre todo si lo que se quiere es encontrar explicaciones menos subjetivas y moralistas en cuanto al proceso histórico mexicano se refiere. En este sentido, al abordar el tema, el presente trabajo pretende buscar ese tipo de explicaciones.
Es común leer que el usurpador Victoriano Huerta trató de establecer una dictadura pretoriana sobre la base de la represión y el terror, gobernando fuera de la ley y al margen de los preceptos constitucionales. Acorde con esta actitud y como culminación, se plantea la explicación del golpe de estado contra el poder Legislativo que sobrevino cuando se disolvió la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 1913.
El análisis detallado del periodo permite cuestionar esta explicación simplista que atribuye el enfrentamiento de poderes al mero afán dictatorial. La experiencia de México es rica en ejemplos de acumulación de poder en manos de un gobernante, sin que haya sido necesario acudir al golpe de estado para obtenerla. El caso más conocido es el de Porfirio Díaz, cuya larga gestión se caracterizó justamente por el ejercicio desmedido del poder a cargo de un solo hombre y porque mantuvo en pie el aparato constitucional de gobierno. Menos aún puede sostenerse que a Huerta no le interesara mantener su gobierno y su persona dentro de las prescripciones legales: a pesar de haber roto el orden constitucional en diversas ocasiones durante su mandato, buscó la justificación y la enmienda que permitieran dar apariencia de legalidad a su gestión.
Así, la explicación de la clausura de la Diputación no deberá buscarse en la personalidad de Huerta, sino en las relaciones que se establecieron entre las diferentes esferas de gobierno y en la influencia que el movimiento revolucionario ejerció en ellas. Puede adelantarse que la propia Cámara no fue ajena al cierre de sus puertas: el encarcelamiento de sus miembros obedeció en buena medida a la posición de enfrentamiento y hostilidad que éstos sostuvieron, la cual obstaculizó las actividades del Ejecutivo. Esta actitud no se asumió como manifestación de oposición al régimen, aunque en ocasiones así se haya presentado, sino más bien como necesidad de fortalecer la esfera de acción y las facultades de los diputados. Al romper la revolución el control político ejercido por el Ejecutivo sobre los demás poderes de la federación, cada uno de éstos podía (y necesitaba) delimitar su esfera de acción y definir sus facultades: la ocasión era propicia. Particularmente la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura se manifestó inquieta por esta cuestión: después del sometimiento incondicional de sus predecesoras a la voluntad de Díaz, ya no estaba dispuesta a hacer lo mismo: era el momento de las reivindicaciones. Por todo ello, se preparó para dar la pelea y recuperar el papel preeminente que la Constitución de 1857 otorgaba a este cuerpo legislativo.
Así pues, la Cámara de Diputados sancionó el 19 de febrero de 1913 la renuncia de Francisco I. Madero, presidente constitucional, así como el ascenso de Huerta a esa jerarquía, tras la presidencia de 56 minutos –también legalizada– de Pedro Lascuráin, no obstante que estos movimientos –y quizá precisamente por ello– obedecían a la presión que ejercía con su defección una parte del ejército, tanto de manera directa por medio de la acción de las tropas, como indirecta manteniendo presos a Madero y Pino Suárez.
Restituido formalmente el orden legal con este recurso, los diputados continuaron sus labores hasta el mes de octubre, salvo algunos de ellos que prefirieron dejar la corporación para unirse al movimiento constitucionalista, como fue el caso de Luis Cabrera, entre otros. Cabe, pues, preguntarse, al analizar el desempeño del poder Legislativo, cuál fue la actitud que asumió y la actividad que desplegó este organismo durante los ocho meses que duró aún su gestión.
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