En medio de una grave crisis económica, las campañas nacionalistas con tintes racistas y xenófobos convirtieron a los chinos en el chivo expiatorio del desempleo y la competencia desleal hacia los trabajadores mexicanos. Los gobiernos posrevolucionarios aprobaron leyes antimigrantes y la Secretaría de Gobernación envió inspectores para realizar investigaciones en los principales puertos o fronteras del país donde vivían o podían ingresar los asiáticos.
El 20 de abril de 1929, bajo el argumento de que la crisis económica mundial había dejado sin empleo a cientos de mexicanos, el presidente Emilio Portes Gil emitió un acuerdo que, en apego a lo que estipulaba el artículo 65 de la Ley de Migración de 1926, buscó impedir la inmigración de trabajadores extranjeros. Dicha medida, que también se acompañó de la imposición de multas a quienes contrataran o transportaran a extranjeros que pretendieran emplearse en el país temporal o definitivamente en “trabajos corporales mediante salario o jornal”, se sumó a otras disposiciones gubernamentales que pretendían obstaculizar el desarrollo o la internación de algunos extranjeros que no eran bien vistos por las autoridades y algunos sectores de la sociedad mexicana de la época, como fue el caso de los chinos.
Las campañas nacionalistas que se extendían en algunas regiones del país, sobre todo en los estados norteños, que con claros tintes racistas y xenófobos convirtieron a los chinos en el chivo expiatorio del desempleo y la competencia desleal hacia los trabajadores mexicanos, incluso en Estados Unidos, también amenazaron la permanencia y desarrollo de otros individuos avecindados en México desde tiempo atrás.
En julio del mismo año, el diario El Informador de Guadalajara destacaba que la Secretaría de Gobernación había dispuesto la deportación de todos los chinos que habían entrado de contrabando al país o de los que se dedicaban a negocios no permitidos por las leyes; medida que, en opinión de los corresponsales del puerto de Mazatlán, había puesto en alerta a algunos chinos “de los muchos que radican en aquella localidad”.
Para el caso de Guaymas (Sonora), en agosto de 1929 El Nacional Revolucionario también publicó diversas notas sobre la “guerra” que las autoridades federales estaban dando contra “los chinitos”, que se decía que por las noches solían entretenerse “desplumando a sus paisanos” en diversos callejones y casinos, en donde más allá de que se practicaban algunos juegos prohibidos, sus parroquianos hasta “fumaban opio”, un “vicio” “severamente penado” por las leyes. Los aprehendidos fueron transportados en una “perica” a la cárcel municipal en medio de la curiosidad de los vecinos, aunque poco se supo de ellos.
En este contexto, con el objetivo de impedir el ingreso de nuevos trabajadores migratorios o deportar a los que por alguna razón se hubieran introducido al país violando la ley, o que mostraran alguna conducta “inconveniente” o antisocial, el Departamento Confidencial, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, movilizó a muchos de sus inspectores para realizar sigilosas investigaciones en los principales puertos o fronteras del país en donde vivían o podían ingresar los asiáticos.
Entre un amplio número de investigaciones, llama la atención la que se le encomendó al experimentado agente José de la Luz Mena en el otoño de 1929, debido a que Gobernación había recibido la noticia sobre una supuesta “introducción furtiva y fraudulenta” de inmigrantes chinos en el puerto de Manzanillo, Colima. El informe de aquella misión confidencial que hoy puede conocerse en el expediente del mismo funcionario resguardado en el Archivo General de la Nación, dentro de los documentos del archivo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, guían este trabajo que, mediante un suceso real o imaginario, pretende mostrar el cúmulo de complicaciones que debían vivir los inmigrantes chinos ante las distintas restricciones migratorias que también afectaron la libertad de tránsito de sus conciudadanos que llevaban décadas viviendo en México.
Los primeros indicios
En un detallado informe que José de la Luz Mena envió a su jefe, el coronel Francisco M. Delgado, se trasparenta que aquella investigación igualmente furtiva se había emprendido en atención a una denuncia que ofrecía muy pocos indicios. Solo supo de manera indirecta que un individuo de nacionalidad china señaló que a mediados de agosto de 1929 “había logrado desembarcar a once migrantes chinos violando las leyes”. Su informante comentó que supo que aquellos individuos se habían hospedado por una noche en el Hotel Manzanillo y que al día siguiente tomaron un tren para dirigirse al centro de México.
Vale mencionar que Colima en 1929 era una ciudad pequeña, de poco más de veinte mil habitantes. Aunque relativamente próspera por su actividad agrícola y mercantil, aún no reparaba las heridas que le había dejado la Guerra Cristera (1926-1929) y por adenda en su seno vivían muy pocos extranjeros. Incluso, según el censo de población de 1930, en la ciudad apenas vivían noventa de ellos, de los cuales solo dieciséis eran chinos.
Ya en Manzanillo, Mena señaló que había optado por hospedarse en el mismo hotel donde aparentemente pernoctaron los chinos ilegales, para “inquirir” informes. Cabe decir que el citado parador era propiedad de Emilio E. Cham, un pequeño empresario de origen chino, nacionalizado mexicano, quien había formado una familia con una profesora originaria de Colima con la que tenía algunos hijos nacidos en el país que estudiaban en la capital del estado. Ello era evidencia de que en aquellos años algunos chinos se habían asimilado a la sociedad residente, aunque ciertos nacionalistas xenófobos, inspirados en criterios racistas y doctrinas médicas eugenésicas, aseguraran que el matrimonio entre chinos y mexicanos debía impedirse debido a que se podía “degenerar la raza”.
El agente optó por buscar la confianza de la señora Cham, a la que consideraba “más accesible”, seguramente por su origen mexicano. Luego de entablar algunas charlas con ella, la profesora le aseguró que desde mucho tiempo atrás en aquel puerto no se dejaban desembarcar a inmigrantes chinos por “ningún dinero”. Incluso le contó que no pocos chinos ya residentes, que por alguna razón habían viajado al exterior, cuando regresaban encontraban gran número de dificultades para internarse. Tal fue el caso del propietario de una casa comercial de la región, avecindado años atrás, que al no llevar consigo los mil pesos que las recientes disposiciones migratorias impusieron como garantía de repatriación para los nuevos inmigrantes, no pudo desembarcar junto con otros seis chinos que venían en el mismo navío.
Debido a que el buque debía salir del puerto, según contó la señora Cham, la empresa naviera debió pagar la fianza de cada uno de los pasajeros que bajaron a tierra en calidad de detenidos, hasta que la Secretaría de Gobernación comprobó que efectivamente podían reingresar al país.
Continúa leyendo quiénes eran los informantes del puerto y los que verdaderamente llegaban en el artículo completo “A la caza de chinos” de la autora Delia Salazar Anaya, que se publicó en Relatos e Historias en México número 116. ¡Cómprala aquí!