El 13 de noviembre de 1917, la prensa detalló la manera en que los mexicanos residentes en Estados Unidos eran obligados a engrosar las filas de su ejército para combatir en los campos de batalla europeos. Juan T. Burns, quien había sido cónsul mexicano en Nueva York, en una larga entrevista al diario El Demócrata, relató que el censo militar que había hecho el gobierno estadunidense incluía a todos los residentes extranjeros en ese país, los cuales habían sido incorporados a las filas del ejército que se proclamaba "protector de las naciones débiles".

Sólo habían sido exceptuados del servicio militar los que no estaban aptos físicamente para ello. Siguiendo las instrucciones del presidente Carranza, todos los cónsules mexicanos habían asesorado a los connacionales para evitar el enrolamiento forzoso e ilegal, aunque con poco éxito. Burns informó que:

Todas mis gestiones corteses, convincentes y hasta deferentes ante las novicias autoridades militares estadounidenses fueron ignoradas. Infinidad de compatriotas humildes, de esos que ganan el pan en aquella tierra con el sudor de sus frentes, y que se ven precisados a humillar su orgullo de mexicanos ante la imperiosa necesidad de la vida, cooperando así al progreso de aquel país, adonde han sido llevados con miles de promesas, ha sido primeramente inscrita en el censo militar, y posteriormente, forzada al flamante ejército americano, solamente porque su trabajo, su falta de idioma y su ignorancia de los elaboradísimos engranajes de los decretos militares le impiden cumplir oportunamente con la infinidad de requisitos y de tecnicismos legales que se requieren para probar, primero, que es extranjero, y después, que está exento del servicio militar.

El ex cónsul comentó que una vez que ingresaban a filas era imposible lograr que salieran de ellas. Él había visitado a muchos de ellos para gestionar su libertad por extranjería sin conseguirlo pues: "Las juntas reclutadoras, las comisiones especiales, los jueces de Distrito y todas las autoridades federales rehúsan toda responsabilidad, pretextando no tener jurisdicción en asuntos de extranjería".

Ante ello, el ministerio de Guerra mexicano debía solicitar al Departamento de Estado de ese país la libertad de los connacionales, trámite que tardaba meses, en los cuales la mayoría de ellos ya habían sido trasladados a Francia. Varios cónsules mexicanos habían sido procesados por el gobierno estadunidense por defender a mexicanos del reclutamiento.