Cuando Hidalgo se aventuró en su campaña militar, Valladolid de Michoacán era una ruta a seguir. Ahí estableció un gobierno alterno y durante su estancia en esa ciudad nombró como intendente a José María Anzorena. Pero una vez que las huestes insurgentes tuvieron que salir de allí de forma definitiva, en diciembre de 1810, a causa de la llegada del comandante José de la Cruz, la provincia se quedó sin gobierno, ya que el intendente rebelde huyó junto con los funcionarios insurgentes.
Esta situación perduró hasta enero de 1811, cuando el coronel Torcuato Trujillo tomó posesión como comandante militar de la provincia. A las dificultades de la ciudad se sumó que el nuevo intendente, Manuel Merino, fue hecho prisionero por las fuerzas rebeldes en Acámbaro, junto con los militares Diego García Conde y Diego Rul (o de Rul), conde de Casa Rul.
De este modo, Trujillo se encontró con el camino libre para ocupar las demás funciones “relativas a las dos causas de Justicia y Política, peculiares al Corregidor e Yntendente”, e incluso, como señaló Merino algún tiempo después, pretendió gobernar sobre las Reales Cajas de la ciudad y expedir los empleos relativos a la Real Hacienda, “de manera que venía a ser en la substancia y en la forma el corregidor intendente”.
Asimismo, trató de adueñarse de los fondos que el gobierno solicitaba para enviar a España y ayudar así a la defensa contra la invasión francesa al usarlos para el sostenimiento de su tropa. También hostigó a los regidores de la ciudad, a los que obligó a imponer préstamos forzosos con el objetivo de que le fuera pagada la cantidad de 1 700 pesos que supuestamente había dado de su bolsillo para financiar la campaña. Del igual manera, buscó entrometerse en el propio ayuntamiento, del que cesó a dos regidores y al alcalde ordinario de primer voto, a quienes acusó de infidentes. Todo ello lo realizó valiéndose de amenazas y de “medios no poco violentos”, con lo que buscaba demostrar que podía pasar por encima de cualquier otra autoridad.
Cuando el intendente Merino por fin logró llegar a Valladolid, el 4 de junio de 1811, se encontró con una situación caótica, consecuencia de las arbitrariedades de Trujillo, quien dilató lo más que pudo el reconocimiento a la nueva autoridad. Bastó muy poco tiempo para que el intendente se diera cuenta del grave problema en que se encontraba la provincia, pues como dijo al virrey, “[Trujillo] se ha titulado unas veces gobernador político y militar, y otras comandante general; nombre a que encuentra corresponder la autoridad casi ilimitada con que obra”. Su modo de actuar, decía, “raya en lo despótico” y “sus facultades son casi iguales a las de V. E. [Vuestra Excelencia] y no inferior a las de los capitanes generales de provincia, con mando político, unido al de exército [ejército], pues excediendo las que tiene en clase de comandante de las armas [actúa] pretendiendo subordinar a la suya, todas las autoridades”. No quedaba duda: Trujillo había monopolizado todas las facultades del gobierno de la provincia.
Esta publicación es un fragmento del artículo “Ángeles exterminadores” del autor Joaquín E. Espinosa Aguirre. Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #93 impresa o digital:
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