Un clero sin rumbo

A inicios de la década de 1820, Chiapas vivió entre la independencia, el constitucionalismo, el federalismo y la incertidumbre político-religiosa. La Iglesia no fue ajena a estos cambios y se tambaleó, si bien entre la sociedad el dogma católico no se cuestionó. En esos años el obispado se separó de la arquidiócesis de Guatemala, carecía de prelado y el clero estaba dividido; el gobierno discutía el patronato y la comunicación con Roma estaba rota. Las parroquias, dispersas y con un número reducido de eclesiásticos, funcionaban con lo indispensable y con muchas dificultades.

Pese a ello, el alto y el bajo cleros estaban convencidos de conservar la pureza de la fe frente a los cambios de época. Tras la supresión de la Inquisición en 1820, los obispos y provisores de Nueva España y Guatemala intentaron seguir con sus actividades. En Chiapas, este esfuerzo se intentó mediante la Junta Eclesiástica de Censura, institución que buscó continuar con la vigilancia espiritual tras la extinción definitiva del Santo Oficio. Sin embargo, en los años de la Primera República Federal (1824-1835), sus actividades no fueron más que la sombra desdibujada del extinto tribunal.

Los documentos del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, revelan que la Junta apenas funcionó. Durante ese periodo no hubo edictos ni decomiso de libros, ni procesos formales contra individuos; como en el periodo colonial, los curas predicaban contra los “libros perniciosos”, pero admitían que carecían de fuerza legal o recursos para prohibirlos. El Estado, aunque confesional en su Constitución, no parecía convencido de respaldar a los censores eclesiásticos, y la sociedad, cada vez más politizada, comenzó a distinguir entre religión y política y a cuestionar varias prácticas del clero.
 

La Inquisición en Chiapas

En el periodo colonial, la diócesis de Chiapas pertenecía al arzobispado de Guatemala. Allí, a pesar de la distancia y el reducido número de clérigos, la Inquisición logró llevar a cabo sus actividades a través de comisarios, expurgadores de libros y la estructura de la Iglesia.

Aunque poco documentada por la historiografía, la Inquisición en Chiapas intervino en varios casos de fe y conflictos eclesiásticos entre los siglos XVII y XIX. Por ejemplo, antes de la Rebelión de Cancuc (o Rebelión Tseltal) de 1712, un ermitaño que había elegido el interior de un árbol como su morada y que ganó la devoción de los indígenas de Chamula y Zinacantán, fue desterrado a la Audiencia de México por orden del Santo Oficio.

Otro caso ocurrió en el siglo XIX, cuando los poderes políticos y religiosos de Chiapas enfrentaban a la insurgencia. La Inquisición recibió una denuncia contra el coronel Manuel Dambrini, militar enviado por el capitán general de Guatemala,José de Bustamante, para combatir a los ejércitos de Morelos y las incursiones de Matamoros en la región. En la denuncia se le acusó de “tener ideas sospechosas”.
 

La viudez espiritual de la Iglesia

Sin obispo y sin contacto con Roma, la Iglesia chiapaneca atravesaba una etapa de desconcierto y orfandad espiritual. En un dictamen de ese periodo, el provisor de la diócesis y un grupo de teólogos describieron su situación como una “viudez espiritual”. La pérdida de la Inquisición, la pérdida de la bula de la Santa Cruzada y la incomunicación con Roma habían dejado a la Iglesia chiapaneca sin rumbo aparente, situación que se agravaba con la circulación de obras consideradas impías.

Para suplir el vacío, el cabildo decidió otorgarse facultades extraordinarias —llamadas facultades solitas— reservadas al pontífice, con el argumento de que la crisis lo justificaba. Con ellas podían gobernar la diócesis con cierto margen de autonomía e incluso absolver pecados graves y casos de herejía. No obstante, aclaraban su fidelidad a Roma: la Iglesia de Chiapas, decían, quería “vivir y morir unida a la cabeza visible de la Iglesia”. Esta solución era una manera de sostener su autoridad religiosa mientras el mundo cambiaba a su alrededor.
 

Libros, sermones y “malditos libritos

En 1827 el cabildo eclesiástico de Guadalajara remitió una carta al de Chiapas para advertir sobre el “peligro de los impresos irreligiosos”. Aquella comunicación, que pedía al Congreso mexicano una ley para prohibir cualquier obra contraria a la fe católica, buscaba cerrar filas y vincular a la Iglesia chiapaneca con las diócesis de la República Mexicana. La fe, referían, estaba amenazada por el uso indebido de la libertad de imprenta. Pero en Chiapas el tema se trasladó al púlpito y a la prensa.

Ese mismo año, un predicador local advirtió desde el altar sobre la “libertad mal entendida” que supuestamente corrompía las costumbres de la sociedad, particularmente en las poblaciones indias. Por ello denunció a los “malditos libritos” que, a su parecer, llevaban al bautizado directamente al infierno.

Por su parte, el periódico *Campana Chiapaneca*, fundado por el senador liberal Joaquín Miguel Gutiérrez, defendía el derecho de pensar y leer libremente. Sus páginas acusaban al clero de mantener la ignorancia mediante el control del saber y elogiaban a los filósofos que enseñaban la “libertad, derechos y autoconocimiento”. Así, desde el púlpito como desde la prensa se debatía quién debía guiar las conciencias de los ciudadanos.
 

Silencio, desconcierto e impotencia

Entre 1828 y 1830, la censura eclesiástica y el seguimiento de causas de fe en Chiapas se redujo al intercambio de informes con el gobierno. Lino García, provisor y figura política relevante en la anexión de Chiapas a México, admitió ante el gobierno federal que no se había censurado ningún libro desde 1820, y que desde ese año lo único que se había hecho era la promulgación de un edicto.

En sus informes refería títulos que le preocupaban, como *Historia crítica de Jesucristo*, *Las ruinas de Volney*, *La filosofía de Venus*, incluso relojes con figuras obscenas; pero reconocía que nada podía hacerse en la diócesis. Los curas carecían de autoridad y la censura había perdido su razón de ser entre sectores de la sociedad que leían por placer, estaban politizados o simplemente desatendían los llamados del clero.

Sin embargo, también había sectores que confiaban en el clero, mientras que los eclesiásticos no dejaban de sospechar y de tratar de ejercer actividades. Esto explica la llegada de una denuncia anónima que acusaba al presbítero Manuel Robles de encabezar una “facción subversiva” que promovía la libertad de cultos y otras medidas reformistas contra el clero. Según el denunciante, los implicados se reunían de noche y hablaban de secularizar las órdenes religiosas… Sigue leyendo para enterarte qué medidas tomó la confesionalidad católica e intolerancia religiosa instituidas en la Constitución chiapaneca de 1826; la gran interrogante que quedaba en el aire era inevitable: ¿podía la religión sobrevivir sin sus antiguos tribunales de fe y censura? Descúbrelo en el artículo completo dentro de la revista 214. 

Referencia:

José Luis Quezada Lara​, “Los “malditos libritos” y la censura inservible. La Iglesia chiapaneca frente a la Primera República (1824-1835)”, Relatos e Historias en México, núm. 214, Agosto, 2026, p. 43-48.

*José Luis Quezada Lara
Doctor en Historia por El Colegio de México. Estudia a los tribunales eclesiásticos en la primera mitad del siglo XIX en México. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Cimsur de la UNAM, en la que investiga la actividad de tipo inquisitorial seguida por el clero católico de Chiapas después de la abolición definitiva de la Inquisición de México. Autor, entre otros trabajos, del libro ¿Una Inquisición constitucional? El tribunal protector de la fe del arzobispo de México, 1813-1814 (Colmich, 2016).