Los diputados fueron arrestados al salir de su recinto bajo el alegato de que “el presidente de la República se ha visto aludido en forma calumniosa, instituyéndose comisiones para la averiguación de hipotéticos delitos, que no solo privan al Ejecutivo de la eficacia de la acción que le está conferida, sino que, al mismo tiempo, de la manera más flagrante, invaden las atribuciones del poder Judicial, único al que le corresponde juzgar y decidir los delitos que se cometen”.

El régimen huertista que comenzó el 19 de febrero de 1913, se amparó con una legitimidad jurídica establecida con la renuncia por escrito del presidente Francisco I. Madero. El asesinato de este, además de todos los elementos evidentes del golpe de Estado ejecutado durante la Decena Trágica encausaron y condenaron al general Victoriano Huerta, nuevo titular del Ejecutivo. La discordia la encabezó el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, a través del Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913. En él desconoció también a cualquier gobierno estatal que hubiese aceptado a Huerta como presidente y a los poderes Legislativo y Judicial.

Lo cierto es que la XXVI Legislatura, electa el 20 de junio de 1912, tuvo fuertes desencuentros con Madero. La democracia que el coahuilense abanderó vio emerger múltiples voces que no siempre lo respaldaron, a diferencia del régimen de Díaz, donde el presidente imponía agenda. Como indica el historiador François-Xavier Guerra, Madero gobernó con aliados “sin disciplina de voto, sin experiencia parlamentaria, sin saber qué reformas aplicar”, y la Legislatura se volvió “un foro de confrontación de personas e ideas, no un lugar en el que se define una política”.

Por ello, con la llegada de Huerta a la presidencia del país hubo pocos cambios en las Cámaras. Los legisladores más opuestos abandonaron en silencio y clandestinamente la ciudad, pero en general sus compañeros permanecieron para continuar ejerciendo las facultades que les correspondían. Varios enfrentarían amenazas y a los más críticos les costaría la vida, como a los diputados Adolfo C. Gurrión y Serapio Rendón, desaparecidos el 17 y 22 de agosto de 2013, respectivamente.

De igual manera, el senador Belisario Domínguez fue asesinado el 7 de octubre siguiente. Su deceso terminó con toda la prudencia del grupo legislador, que el 9 de octubre comunicó a Huerta: “en caso de que acontezca una nueva desaparición de algún diputado o senador sin que la representación nacional tenga la explicación del caso, esta misma representación se verá obligada a celebrar sus sesiones donde encuentre garantías”.

Al siguiente día, los diputados fueron arrestados al salir de su recinto bajo el alegato de que “el presidente de la República se ha visto aludido en forma calumniosa, instituyéndose comisiones para la averiguación de hipotéticos delitos, que no solo privan al Ejecutivo de la eficacia de la acción que le está conferida, sino que, al mismo tiempo, de la manera más flagrante, invaden las atribuciones del poder Judicial, único al que le corresponde juzgar y decidir los delitos que se cometen”.

De un plumazo, Huerta cambió a sus detractores por medio de espurias elecciones que instaurarían no una nueva Legislatura, sino una renovada XXVI. Los tecnicismos eran importantes para don Victoriano.

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #180 impresa o digital:

“Villa revolucionario y bandido. Más historia, menos leyenda”. Versión impresa.

“Villa revolucionario y bandido. Más historia, menos leyenda”. Versión digital.

Recomendaciones del editor:

Si desea saber más sobre la Revolución Mexicana, dé clic en nuestra sección “Victoriano Huerta”.