Conflictos con Estados Unidos y Gran Bretaña

La reacción popular de los mexicanos no se hizo esperar. Más de veinte mil personas se manifestaron en el Zócalo de Ciudad de México. La asistencia de agremiados de las grandes centrales obreras del país y del partido en el poder fue destacada. Diputados, senadores y servidores públicos acudieron a la concentración en apoyo al presidente. En varios estados de la República hubo manifestaciones similares para respaldar la medida. Con el fin de tranquilizar a otros sectores de la economía y el comercio nacionales, Cárdenas hizo declaraciones en el sentido de que la expropiación había sido una disposición excepcional que no afectaría a otras actividades productivas y que no había razón para que los inversionistas extranjeros y empresarios mexicanos se alarmaran. Eso sí: fue una medida nacionalista y revolucionaria.

Josephus Daniels, embajador estadounidense en México, de inmediato escribió al secretario de Estado de su país, Cordell Hull, para afirmarle que la expropiación había sido una reacción ante el miedo que tenía el gobierno cardenista de que se diera una alianza entre las compañías extranjeras que actuaban en México para afectar la economía nacional, para lo cual además se aplicaron estratagemas legales a fin de combatir la legislación respectiva que provenía de la Constitución de 1917, concretamente, el artículo 27.

Mientras, el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Summer Wells, declaró el 21 de marzo que, con respecto a las relaciones bilaterales, la expropiación tendría efectos en la negociación de los acuerdos vinculados con otros temas, como lo del territorio de El Chamizal o la fijación de los límites de los ríos Bravo y Colorado, pero también en un posible acuerdo comercial que el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, había estado negociando con antelación.

El gobierno británico, por su parte, envió notas al gobierno mexicano en el sentido de que se reservaba los derechos en contra de la sentencia que había dado a conocer la Suprema Corte, así como del laudo del 18 de diciembre de 1937 y del propio decreto expropiatorio del 18 de marzo, que se habían dado como consecuencia del amparo promovido por las compañías británicas, encabezadas por El Águila.

Los dirigentes y accionistas de las compañías expropiadas enviaron un memorial al secretario de Estado norteamericano para exigir una acción inmediata a fin de recuperar sus bienes e inversiones, calculados –según ellos– en 450 millones de dólares que el gobierno mexicano debía indemnizar a la brevedad. Ante esto, el embajador Daniels se entrevistó con el presidente para expresar la postura de Estados Unidos en el sentido del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cárdenas respondió que, desde luego, el gobierno saldaría la deuda, siempre y cuando se negociara su verdadero valor para efectuar el pago.

En Estados Unidos muchos sectores antimexicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, aliados con los dirigentes de las compañías expropiadas, iniciaron una intensa campaña de desprestigio contra el gobierno cardenista, como lo informó puntualmente el cónsul mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera. El secretario Hull exigió el pago inmediato a las petroleras, además de la reintegración de las propiedades, y amplió el exhorto para pedir la devolución de bienes a sus conciudadanos afectados por la reforma agraria desde tiempos revolucionarios. El embajador Daniels intervino para atenuar los ánimos y solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay, no responder a las provocaciones y exigencias mientras no se diera una negociación diplomática formal.

Antes de concluir marzo, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron restringir el mercado petrolero relacionado con México. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt giró instrucciones para bajar la importación de plata y otros productos de la minería nacional. El canciller Hay, el embajador Daniels y el secretario Hull se reunieron para negociar el tema de la indemnización a las compañías petroleras: el acuerdo se estancó porque estas establecieron que era necesaria también la devolución de las propiedades para recuperar la inversión original y costos de producción realizados antes del decreto expropiatorio.

Los diplomáticos mexicanos fueron amenazados en el sentido de que los países afectados tomarían acciones a fin de bloquear el mercado petrolero para México. La administración de Cárdenas mantuvo su postura en cuanto a la indemnización justa y la nula posibilidad de que se diera marcha atrás a la expropiación.

Estados Unidos finalmente aceptó que México tenía derecho a expropiar, previa indemnización, lo que considerara fundamental para la nación, siempre y cuando no se afectaran los intereses y demandas de los ciudadanos estadounidenses, algunos de los cuales desde la Revolución habían sido perjudicados. La adquisición de forma legítima de las propiedades era una demanda fundamental de sus conciudadanos, por lo que el gobierno norteamericano la apoyaría. El presidente Roosevelt insistió en la necesidad de la indemnización justa, incluyendo la devolución de las propiedades.

Apoyo popular e intransigencia de las petroleras

Los efectos de la expropiación se dejaron sentir de inmediato en el sistema financiero del gobierno mexicano. Por ejemplo, antes de terminar marzo, el peso se devaluó frente al dólar: pasó de 3.60 a 4.15 pesos. Esto impactó en el comercio de ciertos productos y bienes. La importación y exportación agrícolas, mineras, agroindustriales y de productos comerciales se vieron afectadas en el corto plazo. El presidente Cárdenas anunció que el veinte por ciento de la venta de petróleo se destinaría a un fondo especial destinado al pago de la indemnización.

Entre el 12 y 13 de abril, el Palacio de Bellas Artes se convirtió en un depósito de donaciones en especie y monetarias de una multitud de personas que aportó al fondo para la indemnización. Por medio de cartas, telegramas y giros monetarios, el pueblo de México se volcó en apoyo y con recursos para el pago. En el Archivo General de la Nación se halla una profusa documentación referida a ese respaldo popular, sostenido durante varios meses.

Las compañías petroleras reprocharon que Roosevelt y el Departamento de Estado norteamericano reconocieran el derecho mexicano a la expropiación por causa de utilidad pública. Los británicos, mediante carta del primer ministro Neville Chamberlain a Cárdenas, protestaron y definieron que el decreto expropiatorio era un acto arbitrario y que los fallos de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Suprema Corte de Justicia eran parciales e injustos para los intereses legítimos de las petroleras británicas; incluso calificaron la medida como “confiscación”.

La contestación no se hizo esperar, en el sentido del derecho que asistía al país para la expropiación, aun considerando el derecho internacional. El secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, envió un comunicado a las compañías petroleras para llamarlas a llegar a un acuerdo conjunto respecto a la indemnización, sin la entrega de las propiedades, y fijar los montos respectivos. De hecho, Cárdenas anotó en una misiva a las autoridades estadounidenses que el pago se debería fijar de acuerdo con el valor fiscal de instalaciones, costos de exploración y perforación, sin tomar en cuenta el hidrocarburo no extraído. Esta intención fue rechazada de inmediato por las compañías.

Fuertes tensiones en vísperas de la guerra mundial

El 7 de junio de 1938 se publicó el decreto presidencial que creó Petróleos Mexicanos (Pemex), que dio continuidad al Consejo Administrativo del Petróleo. A la nueva compañía se le dotaba de las facultades para la exploración, explotación, refinación y distribución del petróleo. Al mismo tiempo, se creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y se dio a conocer una ley sobre el impuesto a la producción del hidrocarburo. El día 27 de ese mes, Cárdenas anunció un aplazamiento de la emisión de bonos para el pago de indemnizaciones, con la finalidad de evitar el debilitamiento de la capacidad productiva del país.

Con el objetivo de obtener recursos se realizaron gestiones para la venta de la materia prima mexicana, dado el boicot en el mercado establecido por las compañías expropiadas. En julio se acordó la venta de petróleo a la Alemania nazi por diez millones de dólares, lo cual se pagaría el cuarenta por ciento en efectivo y el resto en productos manufacturados y bienes. Acuerdos similares se perfilaron con la Italia fascista en los próximos meses. Estados Unidos y Gran Bretaña vieron con muy malos ojos esos convenios en vísperas de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en la que esas naciones serían sus rivales.

Pemex inició labores el 20 de julio y Vicente Cortés Herrera fue designado su director. La comercialización quedó controlada por la distribuidora, que en breve fue encabezada por Jesús Silva Herzog. Los trabajadores petroleros aceptaron disminuir sus salarios hasta en un quince por ciento y trabajar hasta 44 horas, además de renunciar a algunas prestaciones para colaborar en el incremento de la producción, distribución y beneficios del petróleo.

Mientras se cerraban los mercados de los llamados países demócratas, el gobierno establecería acuerdos con otras naciones que requirieran petróleo, como aquellas con regímenes fascistas. La polémica diplomática continuó incrementándose. Estados Unidos exigía el pago inmediato por la expropiación, pues de lo contrario solicitaría el arbitraje internacional contra México para cuestionar su legislación confiscatoria. La respuesta fue enaltecer la soberanía y las leyes nacionales y rechazar dichas exigencias. Cárdenas, además, cuestionó la dureza de las autoridades estadounidenses, debido a que el gobierno de aquel país ya había aceptado las negociaciones para fijar el monto real de las indemnizaciones que, sin duda, México pagaría.

Entre el 10 y el 15 de mayo de 1939, en la embajada norteamericana en París, las petroleras expropiadas se reunieron con la finalidad de definir los puntos de negociación con el gobierno mexicano. Su representante, Donald Richberg, se entrevistaría con el presidente Cárdenas para establecer las siguientes exigencias: 1. Que México cediera el setenta por ciento de la producción petrolera; 2. La participación de las compañías expropiadas en el desarrollo de la industria petrolera mexicana en el futuro; 3. La colaboración de personal técnico y administrativo de las empresas en Pemex; y 4. La inversión de más de cien millones de pesos por parte del gobierno.

En caso de rechazar las propuestas, se solicitaría el pago inmediato por la expropiación, el arbitraje internacional y las compañías apoyarían el desarrollo petrolero de Venezuela para desplazar del mercado al hidrocarburo nacional. El presidente mexicano, por supuesto, no negoció ni aceptó esos puntos. Roosevelt escribió a Cárdenas para que ya se pagara la indemnización, se establecieran los valores de las instalaciones con árbitros imparciales y se dieran facilidades fiscales a los afectados.

Las negociaciones se intensificaron a finales de 1939. Cárdenas aceptó varias propuestas de pago, entre ellas la de la compañía Sinclair por veinticuatro millones de dólares, más quince millones de barriles de petróleo crudo extraído. Esto dio la pauta para la negociación con otras empresas, pero sobre todo con el gobierno estadounidense que, poco a poco, atenuó sus exigencias, en mucho debido a los acuerdos de intercambio comercial que México estableció con los países totalitarios de Europa, que necesitaban de la materia prima para la guerra mundial que ya había iniciado.

Ante la polémica por la expropiación en el ámbito diplomático, el gobierno mexicano reforzó su legislación. El 2 de diciembre de 1939, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo inapelable para dar certeza jurídica a la expropiación como una medida constitucional, dado el dominio del Estado sobre el subsuelo y que las compañías petroleras ya no podrían ser protegidas contra actos de funcionarios mexicanos para ir en contra de lo adoptado.

El 27 de diciembre siguiente se expidió el decreto que adicionaba el conocido párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que estableció que el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no podrían estar sujetos a concesiones. Para cerrar el año, el 30 de diciembre se expidió la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo.

Si quieres saber más sobre los antecedentes y el proceso de la expropiación petrolera, busca el artículo completo “Para entender la expropiación petrolera” del autor Pablo Serrano Álvarez que se publicó en Relatos e Historias en México número 119. Cómprala aquí.