En el Antiguo Régimen del mundo occidental el contribuyente enfrentaba una triple fiscalidad en función de sus distintas personalidades: como cristiano, como vasallo y como vecino de una localidad. De ese modo atendía las exigencias en el mismo orden: el eclesiástico, con el pago del diezmo; el regio, compuesto de una diversidad de impuestos, monopolios y derechos, y el municipal, a partir del arbitrio de cada cabildo.

Durante la época colonial era común el uso de papel sellado para pagar derechos. Cada hoja tenía un sello que marcaba a cuánto ascendía el uso de papel oficial para cualquier transacción, y se tasaba en reales o cuartillas (moneda de un cuarto de real).

Cuando se planeó la reestructuración de la deuda externa mexicana en 1989, pareció factible realizar una reforma fiscal, pero esta no fue prioridad para el presidente Salinas de Gortari, quien en cambio trató de cubrir el déficit hacendario con la emisión de instrumentos de deuda interna y con los ingresos petroleros.

Entre los sesenta y setenta México era fiscalmente débil, aunque fuerte en lo político. En esos años, se consolidó la centralización en la recaudación de impuestos, pues los estados y municipios entregaron su soberanía fiscal a cambio de las llamadas participaciones, es decir, las transferencias fiscales del centro a los estados, negociadas políticamente.

Las alcabalas eran un impuesto al tráfico de mercancías dentro del país, lo que impedía el libre flujo comercial. Desde tiempos del Virreinato fueron cuestionadas por su carácter “regresivo”. Por lo onerosas que resultaban y el impacto en el aumento del costo de las mercancías, fueron ampliamente rechazadas por los comerciantes y la población, pero muy favorecidas por los gobiernos hasta el siglo XX, debido a los importantes ingresos que generaban.