Las alcabalas eran un impuesto al tráfico de mercancías dentro del país, lo que impedía el libre flujo comercial. Desde tiempos del Virreinato fueron cuestionadas por su carácter “regresivo”. Por lo onerosas que resultaban y el impacto en el aumento del costo de las mercancías, fueron ampliamente rechazadas por los comerciantes y la población, pero muy favorecidas por los gobiernos hasta el siglo XX, debido a los importantes ingresos que generaban.

La segunda reforma

A partir del Porfiriato (1876-1911), comenzó una segunda transformación fiscal que se basó en un proceso de fortalecimiento y centralización del gobierno federal, con una serie de reformas fiscales y financieras que se implementaron sobre todo en el decenio de 1890, las cuales permitieron alcanzar superávits en las cuentas públicas hasta la Revolución.

Lo fundamental de este plan de reformas fue ideado originalmente por el ministro de Hacienda Matías Romero en 1870, durante el último gobierno de Benito Juárez, pero tardó en instrumentarse. Se basaba en una reducción de tarifas aduaneras sobre determinados productos, la gradual abolición de las alcabalas, el incremento del timbre, un impuesto sobre cerveza, tabaco y varios bienes y transacciones adicionales.

Si bien los ingresos fiscales federales aumentaron, seguían dependiendo fundamentalmente de dos gravámenes –aduanas y timbre– que producían más del sesenta por ciento de los ingresos ordinarios federales en ese periodo. Dicho sea de paso, el esquema era muy similar al de los Estados Unidos en esa época, por lo que se podría hablar de cierta convergencia fiscal, al mismo tiempo que se producía una convergencia económica entre ambos países.

No obstante, el muy bajo nivel de gasto social del régimen de Porfirio Díaz tuvo graves consecuencias. Sobre las finanzas públicas de ese periodo, el historiador Marcello Carmagnani ha argumentado que el carácter regresivo del sistema fiscal y la falta de provisión de bienes públicos debilitaron las bases políticas, económicas y sociales del régimen.

Este carácter regresivo se evidenció en el bajo gasto en justicia (propiciando una endémica corrupción judicial), la inseguridad en el ámbito local y en la propiedad, y la muy baja inversión en educación y salud, que afectó a los ciudadanos que se sentían indefensos ante la prepotencia de autoridades políticas, militares, terratenientes y empresarios.

Además, la falta de consensos entre las élites hizo que estallara el régimen autoritario en 1910 y que comenzara una serie de guerras civiles que se han bautizado como la Revolución mexicana de 1910-1920. Naturalmente, se provocó una baja en la recaudación durante los años de la guerra pero, de manera paradójica, en el decenio de 1920 se regresó en esencia al sistema tributario porfiriano, fundado básicamente en ingresos aduaneros e impuestos sobre exportaciones del petróleo.

Esta estructura tributaria se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando –de acuerdo con un excelente estudio de Luis Aboites– comenzó a modificarse lentamente.

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Carlos Marichal Salinas. Doctor en Historia por la Universidad de Harvard. Es profesor-investigador emérito de El Colegio de México. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012. Miembro del SNI, es el primer mexicano en ser nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica (2000-2010). Se ha especializado en historia económica e historia intelectual de México y América Latina. Entre sus obras destacan: Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, 1820-2010 (2014), Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008 (2010), La bancarrota del Virreinato. La Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810 (1999), entre otras.