La iniciativa de Moheno dejó en claro la importancia de que el gobierno mexicano regulara y tuviera el control de los recursos petroleros, en especial en el contexto de la guerra contra los revolucionarios y con un conflicto militar europeo en ciernes.

Aunque todos recordamos el 18 de marzo de 1938 como el “día de la expropiación petrolera”, a finales de septiembre de 1913, durante el gobierno del general Victoriano Huerta, ocurrió el primer intento en ese sentido, cuando en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para nacionalizar dicha industria bajo el razonamiento de que los yacimientos son propiedad de la nación y su explotación resultaría de utilidad pública.

El autor de tal propuesta fue el diputado por Chiapas Querido Moheno, antiguo opositor al porfirismo, luego maderista y después antimaderista que ahora se mantenía cercano al gobierno de Huerta. El 29 de septiembre de dicho año se presentó el proyecto en el Congreso en estos breves pero enfáticos términos:

Artículo 1º. Se declaran propiedad de la Nación, todos los yacimientos de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno que se descubran dentro del territorio nacional, a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley, aun cuando la superficie respectiva pertenezca a terceros.

Artículo 2º. La explotación del petróleo y demás sustancias a que se refiere la presente ley se declara de utilidad pública; por tanto, se faculta a la Federación para que […] expropie los derechos adquiridos con anterioridad por particulares o compañías sobre aquellas sustancias, así como los terrenos de propiedad particular que fueren necesarios para llevar a cabo la explotación.

Artículo 3º. El Ejecutivo Federal queda autorizado para explotar el petróleo y demás sustancias objeto de esta ley, ya sea directamente por administración, ya celebrando contratos de sociedad, ya dando en arrendamiento esta propiedad de la Nación; pero en todo caso dará cuenta al Congreso Federal, dentro de los seis meses siguientes, del uso que haga en cada vez de la presente autorización.

Artículo 4º. Se faculta al Ejecutivo Federal para emitir, cuando lo juzgue oportuno, un empréstito hasta por la cantidad de cincuenta millones de libras esterlinas para las expropiaciones […] y para organizar de la mejor manera posible la explotación de esta riqueza nacional, pudiendo empeñar en garantía la misma propiedad o sus derechos respectivos en el caso de haber celebrado contratos de sociedad o arrendado los yacimientos petrolíferos […].

La propuesta de Moheno llegaba en un momento de crispación en el que la revolución constitucionalista liderada por Venustiano Carranza se mantenía firme y en peligroso avance, mientras que el ansiado reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, al gobierno huertista cada vez se complicaba más. Asimismo, para octubre se avizoraban unas desangeladas elecciones presidenciales que ya no se veían como el factor que pudiera resolver la crisis nacional, luego de la creciente militarización de un régimen que se inclinaba hacia una franca dictadura.

Los motivos para presentar tal proyecto de ley, que al final no pasaría del Congreso, los podemos rastrear tanto en el contexto como en los actores que participaron en su elaboración y difusión.

Una disputa internacional

Por supuesto, Huerta no tardó en mostrar públicamente su respaldo a la iniciativa y quiso dejar claro que sus postulados eran compartidos por el gobierno: pocos días después de que el proyecto se presentara en el Congreso, designó a Moheno como secretario de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, los países afectados por la propuesta, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, tendrían que negociar dicho asunto con el autor de la misma.

Como se aprecia, la regulación y el control del petróleo se estaban convirtiendo cada vez más en una cuestión trascendental tanto a nivel local, por los ingresos que podía generar en un momento de guerra contra los revolucionarios y por el fervor nacionalista a favor del gobierno que podía provocar su dominio estatal, como a nivel internacional, por las grandes ganancias que dejaba y con una guerra europea que ya se avizoraba y en la cual el hidrocarburo resultaría fundamental.

De hecho, desde el periodo presidencial de Madero, entre la clase política mexicana se habían dado pasos para buscar que parte de los beneficios de la producción petrolera se quedara en el país, principalmente mediante la vía del gravamen. El diputado José María Lozano hizo una propuesta en ese sentido en la Cámara en noviembre de 1911, también con un tono nacionalista que se palpó en su frase: “las tierras petroleras de México para los mexicanos”.

Con el afán de hacerse de recursos, en 1912 el propio Madero estableció un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo extraído, lo que desató los ataques de las petroleras instaladas en el país y no todas lo pagaron. También intentó conformar un registro del valor económico y las propiedades de dichas compañías, lo que igualmente se topó con la oposición de las petroleras y los reclamos de los gobiernos de sus países. Lo mismo ocurrió con las iniciativas impositivas locales, como la que trataron de llevar a cabo las autoridades de Veracruz.

Ya en el gobierno huertista, continuaron las propuestas para tener mayor control sobre las petroleras extranjeras. Fue el caso de la iniciativa presentada en el Congreso por el diputado Luis Zubiría y Campa, la cual buscaba pedir a la Secretaría de Fomento un informe detallado de las concesiones en la materia, así como formar una comisión en la Cámara de Diputados para dictaminar la validez legal de dichas concesiones y estudiar las condiciones jurídicas de los yacimientos y de la industria del ramo en general, a fin de presentar un proyecto de ley al respecto. Pese a que no tuvo mayores repercusiones, tal propuesta resulta un ejemplo representativo del interés de la clase política en torno al tema.

En ese contexto, a inicios de noviembre de 1913 el secretario de Fomento, Leopoldo Rebollar, confirmó que en el gobierno se había considerado seriamente la iniciativa de nacionalización del petróleo de Moheno y que el Instituto Geológico se encargaría de elaborar un estudio sobre la producción del hidrocarburo en el país. Días después, Huerta fue más allá y decretó un impuesto más alto (el mismo que ya había aumentado Madero) a la producción petrolera, ahora de 75 centavos por tonelada extraída (en el Congreso se había propuesto que fuera de un peso).

A las petroleras y a los gobiernos estadounidense y británico preocuparon tanto la actitud del gobierno huertista como las voces que se expresaban a través de la prensa en favor de una mayor regulación a dicha industria. Aunque cabe decir que las autoridades británicas llevaban una buena relación con Huerta, pues ese país fue de los primeros en reconocerlo diplomáticamente (lo que propiciaría el de otras naciones europeas), aduciendo que sus intereses en México eran muy grandes, pero también gracias a la intermediación de los directivos de la poderosa El Águila, la petrolera del inglés Weetman Pearson, lord Cowdray, quien de igual manera se mostró abierto a apoyar financieramente al mandatario, al grado de que tuvo que sortear los ataques de la prensa estadounidense, la cual veía en esas acciones que la presencia e influencia de Gran Bretaña aumentaba en detrimento de las compañías y el gobierno de su país. En esos periódicos se señalaba que “Cowdray está apoyando a Huerta y obligando al gobierno británico a hacer lo mismo” o que “las tierras petrolíferas serán nacionalizadas por el general Huerta y luego transferidas a lord Cowdray por 50,000 dólares estadunidenses”.

A dicho conflicto se sumaría la propuesta del ministro alemán en México, Paul von Hintze, entre marzo y abril de 1914. Por medio del secretario de Instrucción Pública, Nemesio García Naranjo, Von Hintze mandó el mensaje a Huerta de que Alemania seguía con mucho interés la iniciativa de nacionalización del petróleo. Sin embargo, le parecía que, en vez de entrar en dificultades financieras y políticas con una medida tan radical, era mejor nacionalizar los medios de transporte del hidrocarburo (oleoductos y carros y barcos tanque), lo cual costaría mucho menos dinero, causaría un rechazo menor y permitiría el control sobre dicho recurso.

Además, Von Hintze sugería organizar una compañía semejante a la de Ferrocarriles Nacionales, de la que el gobierno mexicano mantendría el 51 por ciento de las acciones y el 49 restante se pondría en el mercado: “estoy seguro de que bastaría una semana para que se colocaran en Berlín todos estos valores. Y tengo la certidumbre de la colocación porque S. M. Guillermo II [emperador de Alemania] sería el primero en comprar un número considerable de acciones”. Es decir, el ministro proponía formar una compañía méxico-alemana que pudiera controlar el transporte, y con ello el acceso al petróleo, en un momento en que era casi inminente un conflicto militar en Europa.

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