Miguel de la Madrid (1982-1988) fue el primer presidente en actuar todo un sexenio bajo el nuevo esquema del IVA. Ocurría en medio de una fuerte crisis económica y el impulso al neoliberalismo junto con gobiernos como el del estadounidense Ronald Reagan.
Tras los esfuerzos fracasados de los años veinte y treinta por centralizar en su jurisdicción la fiscalización de las ventas, la federación la impulsó a través de la firma de convenios donde cada estado suscrito se comprometía a dar vigencia exclusiva al ISIM en su territorio y a cobrar la participación de la recaudación federal a través de una tasa del 1.2%, adicional a la nacional del 1.8% que no dependía de la coordinación. Sin embargo, este mecanismo de centralización fiscal, vigente entre 1948 y 1972, se complicó.
Para 1957 solo habían firmado convenio las entidades de menor tamaño económico, como Hidalgo y Tlaxcala. Para 1973, es decir, veinticinco años después de su establecimiento, aún no se coordinaban las de mayor aportación al producto nacional, como Veracruz y el Estado de México, manifestando su indisposición a renunciar a la fiscalización de un ramo con importante capacidad y potencial recaudatorio. Ni los aumentos en la participación que la SHCP ofreció, ni la mayor concesión de recursos que la misma realizó de la recaudación de multas y recargos del ISIM, las hicieron cambiar de opinión.
Estas circunstancias permiten afirmar que el escenario fiscal del ramo no distaba mucho del de finales de los años cuarenta: aún coexistían la figura federal (el ISIM) y las locales que gravaban la compraventa de industriales y comerciantes. La posición de las entidades más ricas no significó poca cosa si consideramos que desde los años cincuenta, cuando se federalizó la fiscalización del ramo cervecero, solo faltaba extender la exclusividad tributaria de la federación a las transacciones mercantiles.
La negativa se venció hasta 1973 a través de una medida coercitiva. Ese año la federación, urgida de recursos y consciente de que las entidades no coordinadas representaban una merma importante, reemplazó la tasa federal del 1.8 por la tasa única del 4% que se señaló en líneas anteriores.
A través de esta modificación en la composición y nivel de la tasa del ISIM, se obligó a los estados renuentes a suscribir los respectivos convenios que, en palabras de un funcionario chihuahuense de aquellos años, resultaban indenunciables: con una tasa federal del 4% e impuestos locales se ejercería, a nivel regional, una presión fiscal importante sobre los contribuyentes que supondría importantes conflictos económicos y políticos para los fiscos estatales.
No es de extrañarse entonces que, en el marco de la tercera reunión de tesoreros estatales que se celebró en ese 1973, el mismo funcionario afirmara que, con la firma de convenios del ISIM, se mutilaban las facultades estatales de legislar tributariamente sobre el ramo y se definía una situación de dependencia que no se compadecía del pacto fiscal.
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María del Ángel Molina Armenta. Doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado estancias posdoctorales en la Facultad de Economía de la UNAM y en el IIH-S de la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación es la historia fiscal mexicana de los siglos XIX y XX.
Cómo nació el IVA