Era junio de 1962. El presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, se encontraba de visita en México. Dentro de la agenda política a tratar con el presidente de este país, Adolfo López Mateos, se encontraba una disputa casi centenaria: la propiedad territorial de 177 hectáreas ubicadas entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

En una prolongada entrevista López Mateos argumentó el caso mexicano y expuso todo el historial del conflicto. Se dice que entonces Kennedy, que había sido informado de ello por sus asesores desde Estados Unidos, replicó: ¿este interés es económico, político o sentimental? Dada la pequeña fracción de terreno el mandatario quería una respuesta honesta.

La historia de esta tierra en disputa, conocida como El Chamizal, databa de 1864, cuando mexicanos radicados en Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) informaron de una notable variación en el caudal del río Bravo, que había separado “de nuestro lado”, tierras que ahora se adjudicaban los texanos. Fue entonces que nuestra diplomacia entró en acción para solucionar el conflicto, aunque dentro de las posibilidades que permitía la guerra en México.

Se intentó establecer que si bien los Tratados de Guadalupe-Hidalgo (1848) establecían que la frontera entre ambas naciones sería el río Bravo, esto era válido ante todo cambio paulatino y natural y no contra cambios bruscos o artificiales en el caudal, por lo tanto el territorio, más allá de su posición respecto al río, era indudablemente mexicano.

La negativa estadunidense ante este alegato llevó a que el gobierno mexicano optara por las diferentes posibilidades que el derecho internacional permite para este tipo de disputas, pero tendrían que pasar la época juarista y el Porfiriato para una resolución definitiva. Fue en junio de 1911, con Francisco León de la Barra como presidente interino y Francisco I. Madero como el líder triunfante de la revolución de 1910, que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, intermediada por el canadiense Eugene Lafleur, sentenciara que la pertenencia territorial debería ser acorde al cauce del río Bravo antes del abrupto cambio de éste en 1864. ¡Una victoria diplomática para México!

Sin embargo, el conflicto revolucionario, la intención estadunidense de llegar a otro tipo de acuerdo y el inconveniente de tomar posesión de un territorio que prácticamente se encontraba dentro de El Paso, dejaron este tema para después, mucho después.

Sería López Mateos quien reactivaría las negociaciones y gracias al inmejorable momento de la relación presidencial entre México y los Estados Unidos, expondría que se trataba de un asunto legal, sin ánimo de revancha, pero muy importante para el pueblo mexicano y su conciliación definitiva con el país del norte. Kennedy estaría de acuerdo y el 29 de agosto de 1963 se firmarían los convenios para solucionar el problema de El Chamizal. Entre varios puntos, el más destacado fue la necesidad de cambiar el cauce del río para permitir una estabilidad en la frontera y protección contra futuras inundaciones.

En septiembre de 1964 el presidente Lyndon B. Johnson entregó simbólicamente El Chamizal a López Mateos y en octubre de 1967 se reintegró físicamente a México, con lo que se cumplían más de cien años de un arduo proceso legal que si bien era un asunto político y económico, seguramente también implicaba una cuestión sentimental.

Este artículo se publicó en la edición de Relatos e Historias en México, núm. 98.