El final del Maximato fue también el momento en que comenzó a hablarse de un viraje profundo en la educación, hasta la década anterior controlada principalmente por la Iglesia católica que, a decir del presidente Álvaro Obregón, inculcaba “ideologías antigobiernistas y antirrevolucionarias”, pero habría que mantenerla porque “no hay todavía suficiente dinero, ni el gobierno dispone de los medios necesarios para dar instrucción a todos los mexicanos”. Eran los años del gobierno de Abelardo L. Rodríguez cuando, en medio de un clima político permeado por ideas provenientes de otras partes del mundo, se propuso también reformar el artículo tercero de la Constitución, con la intención de implementar una educación socialista que llegara a todo el país.
Así, los reunidos en la Segunda Convención Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, celebrada en diciembre de 1933, escucharon los porqués: “la Escuela primaria es una institución social y, por lo mismo, las enseñanzas que en ella se imparten y las condiciones que deben llenar los maestros para cubrir la función social que tienen, deben ser señaladas por el Estado. [...] El control del Estado sobre la enseñanza primaria privada se hará recaer en la orientación científica y pedagógica del trabajo escolar, en la orientación social”, entre otros aspectos enumerados por Alberto Bremauntz.
Pero lo que quizá azuzó más el encono entre los convencionistas fue el hecho de que la escuela primaria se mantendría laica y, “además de excluir toda enseñanza religiosa, proporcionará respuesta verdadera, científica y racional a todas y cada una de las cuestiones que deben ser resueltas en el espíritu de los educandos para formarles un concepto exacto y positivo del mundo que los rodea y de la sociedad en que viven, ya que de otra manera la Escuela dejaría de cumplir su misión social”.
Desde ese momento, tal modelo se encontró con una férrea oposición, al punto de que, para neutralizar el debate, se propuso llamarla educación “racionalista”. Finalmente, se concluyó que se suprimía “la escuela laica para instituir la escuela socialista, como base de la educación primaria, elemental y superior”. A pesar de que el debate continuó en diversos frentes, siempre marcó dos fuerzas añejamente antagónicas: el gobierno y la Iglesia. Para muestra, tanto Plutarco Elías Calles como Lázaro Cárdenas –quienes pronto se enemistarían– pronunciaron sendas declaraciones en contra del clero y su participación en la educación, favoreciendo las ideas socialistas.
Luego de que Cárdenas se convirtió en presidente en 1934, la reforma aprobada en octubre de ese mismo año fue implementada de inmediato. La Iglesia intensificó sus juicios contra el socialismo, al que consideraba “pernicioso”. Tan conocidas como polémicas fueron las declaraciones del arzobispo Pascual Díaz Barreto en las que invitaba a los católicos a impedir, “por cuantos medios lícitos estuvieran a su alcance, que se establezca y difunda la Enseñanza Socialista”, y que los padres de familia tienen el “gravísimo deber de vigilar” la enseñanza que impartan a sus hijos, “debiéndose oponer por cuantos medios lícitos” a que se imparta esta enseñanza, y si no se les reconocieran sus derechos, “deben retirar a sus hijos de esos centros educativos”.
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