A noventa años de los arreglos que cimentaron el modus vivendi entre la Iglesia católica y el Estado mexicano.

El movimiento cristero fue el inicio de la nueva acción que los católicos emprendieron contra el Estado posrevolucionario, enmarcados en un conflicto irreconciliable entre Iglesia-Estado, avivado por la Constitución de 1917. Desde ese momento, el antagonismo entre esas dos fuerzas condicionaría la posición de los movimientos de la derecha católica en el acontecer sociopolítico del México contemporáneo.

El conflicto cristero puso en tensión la estabilidad social y política del régimen callista. Durante 1927 y 1928, el movimiento desestabilizó la vida regional del centro-occidente de México, poniendo en evidencia el arraigo social que tenía la lucha católica. Ya no era una guerra regional: se había convertido en una nacional e internacional, pues su desenvolvimiento ocasionó el enfrentamiento entre grupos políticos internos y la controversia diplomática con el régimen del presidente Plutarco Elías Calles.

División entre los católicos

Durante 1928, la disposición de la jerarquía eclesiástica, representada en el Comité Episcopal por Pascual Díaz y Barreto –obispo de Tabasco y secretario de ese órgano– y Leopoldo Ruiz y Flores –arzobispo de Morelia–, hizo posible que se establecieran negociaciones informales con Álvaro Obregón, funcionarios del gobierno estadounidense y el presidente Calles, para acabar con la guerra. Las pláticas fracasaron sucesivamente, pues las condiciones de la negociación no estaban acordes con los deseos de los adversarios, sobre todo en lo que se refería a la aplicación de la ley anticlerical.

La disposición de la jerarquía, sin embargo, se centraba en la división que existía entre el Comité Episcopal, apoyado por el Vaticano, y los combatientes, apoyados en todo por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en lo que se refería a la necesidad del enfrentamiento violento que se estaba llevando a cabo. El sector transigente deseaba un acuerdo con el gobierno: que suspendiera la guerra para la reanudación del culto, sin importar el cumplimiento de las demandas eclesiales originales. Mientras que el sector intransigente deseaba la continuación de la guerra para el logro de esas demandas por todos los medios posibles.

Este divisionismo, separado del desarrollo de la guerra, había sido ocasionado por el Comité Episcopal, cuyos representantes estaban convencidos de que con la violencia no se lograría nada y que, por el contrario, esto redundaría en una pérdida mayor de influencia para la Iglesia en México. El miedo a esta posible circunstancia hizo que los miembros del Comité Episcopal buscaran el apoyo directo del Vaticano y de los católicos estadounidenses, para presionar al gobierno callista con una solución adecuada. Sin embargo, esto produjo el enfrentamiento con los dirigentes de la Liga y con los combatientes cristeros que, según ellos, tenían asegurado el triunfo contra el “callismo ateo”.

En busca de un modus vivendi

En la posibilidad de un arreglo, el Estado veía la oportunidad para sojuzgar definitivamente a la Iglesia y acabar con la guerra absurda que, sin duda, sería ganada por el ejército del gobierno en un mediano plazo. Otra serie de circunstancias coyunturales propiciaron la disposición del gobierno callista para pactar con la Iglesia: una de estas fueron las elecciones presidenciales, que estaban por celebrarse en julio de 1929, pues el candidato de la oposición, José Vasconcelos, podría establecer una alianza “beneficiosa” con los cristeros y la Iglesia, que afectaría al grupo en el poder. Era indispensable negociar, pues de lo contrario el candidato del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio, perdería las elecciones.

Tanto Calles como el presidente provisional Portes Gil aceleraron el camino de la negociación a principios de 1929, con la colaboración del embajador estadounidense Dwight Morrow y el padre John J. Burke, prominente católico de la jerarquía norteamericana. El paso se aceleró, aún más, cuando el levantamiento del general Gonzalo Escobar vislumbraba una posible unión entre las fuerzas cristeras y los militares rebeldes en la región de los Altos de Jalisco.

El grupo transigente del episcopado vio la oportunidad para la negociación con el gobierno entre febrero y marzo de 1929, cuando ya parecía concretarse la posibilidad de un arreglo aceptable para ambas partes. La presión diplomática del Vaticano y Estados Unidos, se pensaba, estaba a favor de la jerarquía y las demandas que esta tenía con el gobierno. Lo cierto fue que el sector transigente, lo que quería, era terminar de una vez por todas con una guerra que de antemano sabía perdida. Lo que se intentaba negociar era que la posición de la Iglesia, en los ramos de su actividad, no quedara afectada con la guerra. El adversario revolucionario conocía ese objetivo, que aprovechó para mantener su posición, de que con guerra o sin ella, la actividad eclesiástica quedaría sujeta al mandato constitucional.

Lo cierto es que los negociadores del gobierno querían firmar el acuerdo para la pacificación sin satisfacer ninguna demanda eclesial. De tal manera que el éxito del movimiento cristero quedaría coartado a favor del propio gobierno. El objetivo del arreglo sería únicamente para terminar el conflicto armado sin llegar a una modificación de fondo en la relación Iglesia Estado. Lo que se buscaba era un modus vivendi que permitiera a ambos adversarios dejar en impasse el conflicto de fondo. De hecho, esto fue lo que se logró con los arreglos de junio de 1929 entre el sector transigente de la Iglesia y el gobierno de Emilio Portes Gil.

Sin cambios constitucionales

De abril a junio de 1929 se celebraron las pláticas entre los representantes transigentes de la jerarquía y el presidente Portes Gil, en el Castillo de Chapultepec de Ciudad de México. Mantenidas en secreto, las discusiones fueron conocidas hasta fines de junio y principios de julio. El punto principal de la discusión fueron los preceptos constitucionales que los católicos querían derogar y los revolucionarios aplicar. Ya desde principios del año, el embajador Morrow había insistido ante la jerarquía que era imposible suprimir esos preceptos, por lo que, para llegar a un acuerdo viable, era indispensable que la demanda se modificara pidiendo solo que el gobierno diera garantías a los católicos para que celebraran, sin perturbaciones, el ejercicio de su culto. Esta actitud permeó el ánimo de las discusiones, por parte de la jerarquía, lo que iba en contra de los objetivos de los combatientes y dirigentes de la Liga, que deseaban imponer “el reino de Cristo Rey” a toda costa.

El 5 de junio, Ruiz y Flores y Pascual Díaz conversaron largamente con el presidente Portes Gil. Esta reunión había sido decisiva, pues se acordó que pronto se reanudaría el culto, se devolverían los templos y accesorios de la Iglesia y se decretaría la amnistía a los cristeros levantados. El 12 de junio hubo otra reunión, donde ambas partes quedaron en presentar, al día siguiente, las bases del acuerdo. Así sucedió el día 13, en el que Portes Gil presentó una proposición que seguía manteniendo la postura de Calles en todos sus puntos. Los prelados, entonces, consideraron que tal proposición debía ser analizada por las autoridades del Vaticano, pues en realidad no se conseguía nada.

El arreglo se demoró hasta el 21 de junio, cuando se publicaron las declaraciones oficiales que daban fin a la guerra cristera. El cariz de las negociaciones de junio de 1929 había sido el mismo de la celebradas entre Ruiz y Flores y el presidente Calles en 1928, por la intermediación de Morrow y Burke. El aparato gubernamental no estaba dispuesto a ceder un ápice, influido por la vacilación de los representantes del episcopado. El propio Ruiz y Flores declaró el 25 de junio de 1929, que la buena disposición de Portes Gil había conducido al arreglo que solo se concretaba a concluir la guerra y no a cuestiones que la jerarquía hubiera deseado arreglar, como la separación amistosa entre la Iglesia y el Estado y la restitución de la personalidad jurídica de la primera.

De acuerdo con esa declaración, el sector transigente de la jerarquía deseaba “buscar un arreglo, que permitiendo a los fieles de la Iglesia profesar su creencia religiosa y practicar ilícitamente nuestro culto católico remediara los males que la suspensión de este ha acarreado y los mayores que acarrearía hasta en las costumbres y moral pública”. Si la Iglesia no poseía legalmente una personalidad jurídica, entonces lo que se buscaría, y consiguió, era el reconocimiento oficial de su existencia, que le permitiera cierta libertad de acción. Con la aprobación del papa, los acuerdos conducirían, según Ruiz y Flores, a una etapa de conciliación con el gobierno de México, para que la Iglesia siguiera actuando en el campo social sin mezclarse en asuntos económicos y políticos que eran del campo de acción del Estado. La cooperación con el gobierno debía centrarse en el mejoramiento social. De esta forma, la Iglesia no perdería su principal fuente de dominio. Tal fue la posición que sostuvo la jerarquía en las conversaciones del 12, 13 y 21 de junio.

Traición a la lucha de los católicos

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo declaró que no era el ánimo del gobierno y de la Constitución la intervención en las “funciones espirituales” de la Iglesia. Esto motivó que el sector intransigente, representado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y los cristeros, declararan a la prensa que las negociaciones representaban una regresión a la situación que la Ley Calles de 1926 había creado, por lo que el sector transigente estaba traicionando la lucha del pueblo católico. En respuesta, el delegado apostólico alegó que lo que se quería con los arreglos era que la Iglesia tuviera libertad para su acción en el campo social, ya que no era interés del papa y de la jerarquía mexicana, que se recuperara una posición perdida con la Constitución misma y, mucho menos, que se permitiera la participación política de los católicos en esferas propias del Estado.

Bajo estas declaraciones se justificaron los puntos del acuerdo a fines de junio de 1929. El triunfo perteneció, sin duda, a los revolucionarios en el poder. La firma de los arreglos fue una solución decorosa al conflicto religioso, así como un resultado satisfactorio para el sector conformista de la jerarquía. No importaba que miles de vidas se hubieran perdido en el curso de la guerra, sino el rescate de la posición de la institución católica en la vida de México. Los revolucionarios no cedieron un ápice en ninguno de los principios de la carta magna, lo que demostraba la capacidad política del grupo en el poder para lograr un acuerdo sumamente favorable para la estabilidad del régimen. Los jerarcas católicos no pudieron conseguir ninguna prerrogativa a favor, lo que también demostró la poca capacidad para negociar, y la aceptación de que la Iglesia había quedado subyugada, finalmente, al poder del Estado. Lo que ahora importaba era que la actividad eclesial se reanudara para, de esta manera, seguir luchando en ciertas esferas de la sociedad que permitieran continuar con el dominio católico.

Con los arreglos no quedaron solucionadas las diferencias entre la Iglesia y el Estado, tales como la cuestión de la educación, la injerencia de los católicos en la esfera política, la manifestación pública del culto, el registro de sacerdotes ante las autoridades gubernamentales y los derechos para poseer bienes por parte de la Iglesia. Los problemas de fondo quedaron deslindados de la mesa de negociaciones, pues la modificación de la ley no era materia de discusión. Lo importante era terminar con la guerra cristera, por medio de un acuerdo que, para el gobierno, representaba una concesión de libertad de acción para la Iglesia y los católicos.

El revuelo ocasionado por los arreglos sucedió en ambos bandos. Por un lado, el general Adalberto Tejeda declaró que no era posible pactar con el enemigo, por excelencia, de las instituciones revolucionarias y que el bienestar nacional estaba primero que un pacto que beneficiaría a los católicos. Por otro lado, los dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa declararon el 22 de junio que la acción del episcopado era ajena al espíritu de los combatientes cristeros y, al mismo tiempo, exhortaba a los católicos levantados a parar la lucha bélica.