El presidente Lázaro Cárdenas enfrentó la más grave crisis de la posrevolución cuando decidió acabar con el monopolio de las poderosas petroleras estadounidenses y británicas.
La historia del petróleo en México comenzó prácticamente desde 1876 en cuanto a la exploración, explotación, consumo y distribución. La actividad petrolera se organizó en el golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, desde 1906 de manera intensiva. Llegaron varias compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda que recibieron amplias concesiones para explotar los yacimientos petroleros. Hacia finales de los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz, la actividad en este ramo no era del todo significativa para el país, aunque ya representaba altos dividendos para las compañías y los países de donde provenían.
Antecedentes
Tras la revolución de 1910, hubo la necesidad de controlar la actividad petrolera y el presidente Francisco I. Madero empezó con la regulación de la actividad en cuanto a los dividendos de los impuestos. Durante el periodo del general Victoriano Huerta (1913-1914), el gobierno estadounidense intervino para que las compañías no pagaran impuestos ni hubiera regulación. Con Venustiano Carranza como encargado del Ejecutivo, en cambio, se trabajó para estatuir un régimen administrativo que regulara la actividad. Ya en el Plan de Guadalupe, en sus adiciones del 12 de diciembre de 1914, el constitucionalismo estableció la necesidad de una legislación petrolera nacionalista.
El 19 de marzo de 1915 se creó una Comisión Técnica del Petróleo para organizar la actividad del ramo en el país, que comenzó por establecer las relaciones del gobierno con las compañías que actuaban en el territorio. En abril de 1916 ese organismo dio a conocer un informe que fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación. Lo anterior insidió radicalmente para que en la Constitución de 1917, en el párrafo IV del artículo 27, se estableciera la restitución a la nación de los derechos de propiedad sobre el suelo y el subsuelo, relacionados con el petróleo. Nulificar los derechos adquiridos por las compañías petroleras en la era de Porfirio Díaz fue la intención de ese párrafo constitucional y así lo corroboraría la historia de la posrevolución.
Primeros enfrentamientos
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional tardó varios años en promulgarse, por lo que los conflictos entre los gobiernos de Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón con las compañías petroleras fueron materia de discusiones entre la opinión pública, pero también de enfrentamientos con Estados Unidos, principalmente. La regulación de los impuestos también fue materia de serias polémicas, mientras que la aplicación retroactiva del artículo 27 provocó serios conflictos diplomáticos, legales y judiciales.
Los llamados Convenios de Bucareli de 1923, entre el gobierno de Obregón y los representantes estadounidenses, giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley en los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas. Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista.
Ante la disminución de impuestos provenientes de la actividad petrolera y la actitud estadounidense de confrontación, el presidente Plutarco Elías Calles decidió acelerar la promulgación de la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27 constitucional con el aval del Congreso de la Unión, que la aprobó en noviembre de 1925. Allí se estableció que las compañías petroleras debían de renovar y confirmar sus concesiones, pagar más impuestos y sujetarse a las disposiciones legales. Se encendió la querella de las empresas estadounidenses, británicas y holandesas con el gobierno, la cual se prolongaría hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas.
El germen: las demandas sindicales
Durante diez años, las compañías petroleras intentaron impedir la formación de sindicatos obreros, pero el 27 de diciembre de 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que posteriormente sería parte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México y, por lo tanto, se tuvo que acordar un contrato colectivo de trabajo que estatuyera los derechos de los petroleros, incluido el de huelga.
En noviembre de 1936 dicho sindicato emplazó a las compañías para negociar un contrato general que estableciera la jornada semanal de cuarenta horas, pago de mejores salarios, así como la cobertura por enfermedades y gastos por accidentes de trabajo, entre otros. La intransigencia de las compañías llevaría a una huelga general el 28 de mayo de 1937 que paralizó a la industria.
Las petroleras dijeron que no contaban con recursos para sufragar las demandas de los trabajadores, pero una comisión de peritos concluyó que los beneficios de las compañías eran muy superiores y podían cubrir las demandas de los trabajadores. Las corporaciones enfurecieron y tuvieron que afrontar un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre, cuyo resultado fue que tenían que erogar veintiséis millones de pesos de salarios caídos por la huelga de mayo, que había sido rota por la mediación del presidente Cárdenas.
El mismo 1936, en noviembre, se dio a conocer la ley que reglamentaba el derecho constitucional del gobierno a expropiar, por causas de utilidad pública, empresas y propiedades en beneficio de la nación. La legislación fue aplicada en la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México en junio de 1937, con lo que se solucionó la huelga de los trabajadores que exigían el pago del séptimo día de la semana. Esta ley sería fundamental para lo que sucedería en marzo de 1938.
Últimos intentos de conciliación
La mañana del 18 de marzo de 1938, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo con el que rescindió el contrato colectivo de trabajo entre las empresas y el sindicato petrolero, como una medida que solucionaría el conflicto obrero-patronal y para liberar de sus obligaciones a los trabajadores. De inmediato, los representantes de las compañías acudieron con Cárdenas para decirle que cumplirían con el fallo de la Suprema Corte de Justicia y subirían los salarios de los obreros. El presidente les contestó que ya era tarde y que se tomarían medidas extremas. De hecho, su decisión se venía conformando desde una semana atrás. La negociación de los dirigentes de las petroleras con Cárdenas no menguó el conflicto. Los gerentes amenazaron al Estado mexicano con retirar la inversión de sus capitales y abandonar el país, bajo la protección de sus respectivos gobiernos. La furia y la intransigencia se apoderaron de las compañías, por lo que el presidente tomó medidas legales para defender a los trabajadores petroleros, pero también para aplicar la ley.
La expropiación
El 18 de marzo, a las diez de la noche y apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, Cárdenas del Río dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a diecisiete compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México.
La expropiación, por causa de utilidad pública, implicó el dominio absoluto del Estado mexicano sobre todos los bienes petroleros en el territorio nacional, además de representar un corte tajante ante supuestos derechos previos a la Constitución de 1917 y a pactos extraoficiales, como los Convenios de Bucareli de 1923 o el régimen que se estableció con la ley callista de 1925 y su reforma de 1928.
Las concesiones a las compañías expropiadas quedaron sin efecto y su operación fue cancelada. El decreto también reforzó la acción contundente en torno a la propiedad de la nación sobre los productos del subsuelo que se había legislado en el marco del nacionalismo revolucionario.
Al amanecer del 19 de marzo, los trabajadores petroleros tomaron posesión de las instalaciones de las compañías expropiadas y el gobierno expidió otro decreto que determinó la conformación del Consejo Administrativo del Petróleo, con la intención de coordinar la administración temporal de los bienes y las actividades de los consejos establecidos con las secciones sindicales. Vicente Cortés Herrera fue designado gerente general de ese organismo. Igualmente, se instituyó el Fondo de Cooperación Nacional para conformar y reunir, organizadamente, recursos que permitieran el pago de las indemnizaciones a las compañías expropiadas.
Si quieres saber más sobre los conflictos que la expropiación petrolera generó con Estados Unidos y Gran Bretaña y las fuertes tensiones en vísperas de la guerra mundial, busca el artículo completo “Para entender la expropiación petrolera” del autor Pablo Serrano Álvarez que se publicó en Relatos e Historias en México número 119. Cómprala aquí.