Cuando se planeó la reestructuración de la deuda externa mexicana en 1989, pareció factible realizar una reforma fiscal, pero esta no fue prioridad para el presidente Salinas de Gortari, quien en cambio trató de cubrir el déficit hacendario con la emisión de instrumentos de deuda interna y con los ingresos petroleros.

Entre los sesenta y setenta México era fiscalmente débil, aunque fuerte en lo político. En esos años, se consolidó la centralización en la recaudación de impuestos, pues los estados y municipios entregaron su soberanía fiscal a cambio de las llamadas participaciones, es decir, las transferencias fiscales del centro a los estados, negociadas políticamente.

Las alcabalas eran un impuesto al tráfico de mercancías dentro del país, lo que impedía el libre flujo comercial. Desde tiempos del Virreinato fueron cuestionadas por su carácter “regresivo”. Por lo onerosas que resultaban y el impacto en el aumento del costo de las mercancías, fueron ampliamente rechazadas por los comerciantes y la población, pero muy favorecidas por los gobiernos hasta el siglo XX, debido a los importantes ingresos que generaban.

Desde la Independencia, una constante ha sido el fracaso para establecer una política fiscal, progresiva y eficiente. Como consecuencia, el gobierno ha transitado de una gran debilidad federalista a un fuerte centralismo político, pero sin atacar la histórica fragilidad fiscal, que se expresa como insuficiencia presupuestal y gastos crecientes. La apuesta siempre ha sido por la fortaleza política del Estado, no de sus finanzas, y por lo tanto de sus servicios.

Durante el periodo virreinal, los amoríos entre los amos y sus esclavas eran habituales, ya fuera de manera consentida o violenta que regularmente se callaban por temor al “qué dirán”.